La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento sobre la investigación del atentado contra la AMIA, que el Gobierno argentino firmó con Irán el 27 de enero del año pasado.
También la ley aprobatoria que después sancionó el Congreso Nacional. Si bien cabe una apelación sobre la sentencia, no hay duda que la vía judicial ha sido clara al expedirse en torno al cuestionado acuerdo propuesto por nuestra Cancillería.
El remitirse al antecedente del llamado "caso Cabrera’, de 1983, los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler destacaron que el control de constitucionalidad reservado al Poder Judicial incluye a los tratados internacionales de la Argentina cuando éstos violan los principios y garantías de nuestra Constitución.
Según el tribunal, con el cuestionado memorándum se priva a la Justicia de sus facultades de instrucción y se interfiere indebidamente en sus funciones, además de afectar su independencia. Además, se viola la autonomía del ministerio público fiscal, al que se deja de lado, y se conculcan los derechos de las víctimas del atentado, relegadas al rol de terceros. Es decir, es un cúmulo de nítidas violaciones de nuestra ley fundamental del que hasta ahora nadie se ha hecho responsable pese a su gravedad.
Ante la impericia de haber avanzado en este tipo de acuerdo, la Cámara advierte que podría provocar una dilación indefinida del proceso, impidiendo desentrañar la verdad del atentado y determinar las responsabilidades consiguientes. Además se indica que la fallida "Comisión de la Verdad”
La fracasada estrategia con Irán por el caso AMIA ha caído estrepitosamente en todo sus propósitos y no sólo ante la Justicia argentina, sino también la por el rechazo comunidad y la dirigencia judía. Y hasta las propias autoridades de Teherán se han desentendido del acuerdo, ya que nunca lo refrendó el Parlamento iraní.