La Iglesia argentina emitió el primer pronunciamiento institucional del año haciendo un llamado a los partidos políticos y sectores sociales, para alcanzar un acuerdo que permita establecer políticas de Estado que vayan más allá de los recambios democráticos, a la vez de priorizar objetivos que se deben atender de inmediato.

El documento de la comisión permanente del Episcopado que preside mons. José María Arancedo, titulado "Las elecciones, exigencia de compromiso ciudadano”, contiene el consenso de la cúpula eclesiástica luego de analizar durante tres días los problemas sociales y económicos que afectan a la Argentina. Se destacan la marginación y la pobreza extrema, la alta inflación que impide el crecimiento y erosiona gravemente los ingresos de los más pobres, el avance del narcotráfico y la trata de personas; la ausencia de transparencia en la administración pública y la necesidad de luchar contra toda forma de corrupción.

Los obispos exhortan a la dirigencia a establecer políticas para erradicar la desnutrición infantil, impulsar la generación de fuentes de trabajo, el respeto de los derechos humanos y la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural -clara alusión al tema del aborto-, y el fortalecimiento de una educación inclusiva y de calidad.

No sorprende que el Episcopado entre de lleno al terreno político, ya que lo viene haciendo en los primeros meses de cada año electoral con un recordatorio para respetar el sistema democrático. Pero esta vez puntualiza tanto las expectativas de la ciudadanía para mejorar el marco institucional como también recuerda a los partidos que "la elección no debe ser el resultado del marketing” y a los electores la necesidad de asumir con responsabilidad su decisión en las urnas.

Al respecto, sostiene la importancia de una elección responsable, en la que se debe evaluar a los candidatos no por su imagen mediática sino por la honestidad e integridad de las personas, por la capacidad y la idoneidad para la función, por las propuestas y las ideas, y por la voluntad y capacidad de diálogo. Y advierte a los candidatos que "se traten con respeto y cordialidad por cuanto no son enemigos” y que el acceso al poder no implique la designación o contratación adicional de personal perteneciente a un partido o sector porque es indispensable dotar al Estado de un cuerpo profesional y permanente de funcionarios que ingresen y asciendan en atención al mérito y no a las afinidades ideológicas.