El Gobierno, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), decidió poner nuevas limitaciones a la importación. Se pondrá en marcha un nuevo registro de importaciones que obligará a las empresas y operadores a anticipar un detalle de sus compras al exterior y, en los hechos, le da facultad al organismo para habilitarlos o no a comprar las divisas y concretar o no las operaciones. Se reedita de este modo un instrumento al que ya había recurrido el ex presidente Raúl Alfonsín y que en esa época se denominaba Declaración Jurada de Necesidad de Importación, con la finalidad de un sistema de comercio mucho más administrado. El texto de la resolución general 3252/12 de la AFIP, publicada en el Boletín Oficial creando un régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), llama la atención por los términos genéricos planteados en la misma. No habla de ningún producto o sector en particular ni distingue entre productos terminados, insumos o bienes de capital, ni tampoco advierte sobre la exclusión de regímenes con promoción. Con esta nueva normativa, la decisión privada de abastecerse de insumos en el exterior se transformará en una cuestión de Estado, con mayor control y depositando toda su eficacia en el tiempo.

Analistas económicos consideran que la demora en la tramitación actuará como un desincentivo a la importación. Es que, en última instancia, el negocio muchas veces depende de liquidaciones o promociones que llegan del exterior y de cambios de temporadas donde las decisiones de compra deben ser inmediatas. También prevén que la burocracia se acentuará por medio de numerosos controles, acumulación desmesurada de declaraciones juradas de importaciones sobre las cuales un número limitado de funcionarios pertenecientes a organismos que suman nuevas tareas, deberán pronunciarse y realizar observaciones.

Se agregan más trámites y se deja lugar a mayores discrecionalidades. La libertad de cambios y de comercio ha dejado de ser una variable donde deciden las personas y es sustituida por la decisión del Gobierno. Pero lo más relevante a mediano plazo será el freno a nuevas inversiones privadas por la mayor incertidumbre en la provisión de insumos. Todo lo que no se logre por exportaciones y otros ingresos se verá reflejado en restricciones a las importaciones y otros egresos.