La solicitud del CDHNU tras reconocer que la libertad de expresión digital y el acceso a internet es un derecho humano, coincidió con un inusual pedido de un grupo de ONGs estadounidenses, dedicado a denunciar violaciones a los derechos humanos en Cuba, Irán, Siria, Sudán y en otras dictaduras. En una carta dirigida a Google, Adobe, McAfee, Yahoo y Facebook, el grupo les exhortó a burlar los embargos económicos que imponen EEUU y la Comunidad Europea a los regímenes opresores, para seguir vendiéndoles software y tecnologías de la información.

Si bien los gobiernos represores usan esas tecnologías para censurar contenidos, vigilar y espiar internautas, el grupo considera que se trata de un mal menor, si se compara con el hecho de que Internet, las redes sociales y la telefonía móvil son las herramientas que los disidentes y opositores usan para denunciar abusos, convocar marchas y forzar cambios políticos.

El pedido es muy loable, pero a la vez complejo. Muchas de estas corporaciones, como Google, Apple, Microsoft, Siemens, Ericsson ya fueron sancionadas por vender software y tecnología o colaborar con gobiernos autoritarios, motivando en abril pasado una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que prohíbe “vender, ceder o proveer de cualquier manera bienes, servicios o tecnología que pudieran poner en riesgo los derechos humanos”.

La solicitud de las ONGs desnuda otra disyuntiva permanente a la que se enfrentan estas compañías, entre aceptar las reglas de juego que imponen los gobiernos autócratas o no cumplir con sus objetivos de expansión comercial, como por ejemplo Google, que prefirió renunciar al mega mercado chino, a tener que prestar su motor de búsqueda para la censura oficial. Todo podría empeorar, además, si se considera que en un futuro cercano los países democráticos no serían los únicos en poseer la llave de la ciencia y la innovación informática. Globalización y transferencia de tecnología mediante, los países autoritarios pronto podrían prescindir del extranjero.

Por ahora, a esos gobiernos les resulta suficiente con controlar mediante adquisición de tecnologías e imposición de leyes restrictivas. Rusia lo demostró la semana pasada. Diputados oficialistas aprobaron una ley sobre pornografía infantil que la oposición cree será usada para censurar Facebook y Twitter, redes que han sido fundamentales para organizar las marchas de protesta contra el fraude electoral que llevó a Vladimir Putin al poder. Es una treta parecida a la que usó Hugo Chávez, cuando pasó la cláusula de horario de protección al menor, que terminó siendo la clave para ordenar el cierre de medios como Radio Caracas Televisión.

Aparte de los intereses de gobiernos y empresas, preocupan otros controles más sutiles y que pasan desapercibidos, que también ponen en riesgo la libertad de expresión. Como los algoritmos personalizados, que utilizando nuestros “likes” y búsquedas, van creando nuestro perfil sobre la base de gustos y criterios. Con el tiempo, no sólo se pierde privacidad, sino también se consume información complaciente, bloqueándose otros puntos de vista. Se trata de una filtración auto infligida; quizás, de auto censura involuntaria.

Mientras tanto, habrá que ver si la afirmación de Naciones Unidas de que Internet es un derecho humano, ayudará a que éste no sólo se piense en función de avances tecnológicos y comerciales, sino de su influencia en la libertad y la conducta humanas.