El Gobierno nacional envió al Congreso la semana pasada un proyecto de ley por el que pretende modificar la ley de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y una nueva propuesta para la Regulación de las relaciones de producción y consumo. La iniciativa pretende, en términos sencillos, ampliar las facultades del Ejecutivo nacional y los gobernadores sobre las empresas. En todo el mundo empresario el tema causó rechazo, como era de prever. Lo mismo ocurrió en San Juan, donde están un poco más acostumbrados a los giros bruscos de la Casa Rosada, como ya le pasó a la minería por ejemplo. El tema es, como la modificación al Código Penal, un regalo en términos políticos para dirigentes como Sergio Massa, que no tienen gestión y buscan diariamente errores oficiales para salir a los medios a distanciarse y acaparar votos. El sanjuanino Roberto Basualdo estuvo esta semana en un almuerzo convocado por el precandidato presidencial para tratar estos temas. Encuentro que, además, contó con varios popes nacionales anti K. En una nota aparte, se puede decir que el sanjuanino ha crecido en el armado massista a nivel nacional, se verá más adelante. ¿Visita en septiembre del precandidato de Tigre? Nada confirmado, todo gestionado. Sobre la ley, hay claroscuros muy interesantes.
Entre otros puntos, la iniciativa prevé que en caso "de ser necesario" el Estado nacional y los gobernadores podrán intervenir cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precios máximos y mínimos y producción. También el Gobierno queda habilitado para manejar compras y ventas de compañías. Para los empresarios que no acaten y suban los precios sin justificación, acaparen materias primas o productos, o discontinúen el abastecimiento, se establece la "clausura definitiva", según consta en el proyecto de ley. Y hay dos puntos más que causan hasta angustia: los funcionarios estarán habilitados a incautar, consignar y vender bienes y servicios sin expropiación alguna. Y se abre la posibilidad de que la Secretaría de Comercio de la Nación requiera a las empresas "toda la documentación relativa al giro comercial"; es decir, el Gobierno podrá solicitar, y los empresarios no podrán negarse a entregar documentos contables y comerciales de las organizaciones privadas. El oficialismo se esmera en decir que son cambios mínimos, pero siguiendo el tono que ya marcó la gestión de Cristina Fernández: regular todo. Por supuesto que los empresarios pusieron el grito en el cielo, ya que encontraron en el proyecto frases que les pone los pelos de punta, hay que admitirlo: "es esencial observar el grado de concentración económica, que promueve un abuso de posición dominante por parte de grupos económicos"; "el proyecto promueve el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Comercio, designándola para intervenir en la cadena de valor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios"; "se prevé la posibilidad de que frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios, la secretaría disponga mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación", según resumió el diario Página 12 esta semana. La ley de abastecimiento que hoy está vigente fue sancionada en 1974, luego suspendida por decreto entre 1991 y 1999, cuando se realizó una declaración general de emergencia de abastecimiento. Después el temible Guillermo Moreno la desempolvó y la aplicó contra Techint y Shell. También la usó Augusto Costa, el sucesor del polémico Moreno y actual titular de Comercio Interior, para regular el mercado de los medicamentos.
En términos políticos, traer a la agenda pública semejantes términos: "desabastecimiento", "control de precios", "intervención del Estado", parece un regalo para la oposición. Sergio Massa, que es diputado nacional y precandidato a presidente, busca como hormiga diariamente temas que causen impacto público para llevar agua a su molino. Le está yendo muy bien en las encuestas, a pesar de no haber hecho casi nada para ese resultado: lo único que hizo fue olfatear los gustos de la gente y usar demagógicamente esa posición; la frustrada modificación al Código Penal es un ejemplo de ello. Si no lideró, estuvo segundo en las preferencias del electorado nacional durante buena parte de este año. Hace unos días, una empresa que mide nacionalmente a los precandidatos, divulgó que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ha trepado a lo más alto de las encuestas: 25% para el gobernador, 21% para el diputado nacional, según el sondeo de Julio Aurelio. Para un gobernador y un diputado nacional y el nivel de exposición de cada uno, lo de Massa, si fuese de esa forma, no está nada mal.
El legislador convocó a una reunión el martes al mediodía en su búnker de Capital Federal. Estuvieron Roberto Lavagna, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Reuteman, Mario Das Neves y el sanjuanino Roberto Basualdo, entre otros. Según se filtró en distintos medios nacionales, de lo casi único que se habló fue de los cambios a la Ley de Abastecimiento. Parece que es intención de los dirigentes políticos usar esa iniciativa oficial para salir a acaparar votos. Basualdo, que se ha convertido junto a Rodríguez Saá en el referente de Cuyo para el massismo, ha crecido dentro del armado del tigrense, eso se nota. Cuando le preguntaron por qué estuvo en ese mitín, respondió: "Estamos liderando la región con Rodríguez Saá y, además, tenemos muchos puntos en coincidencia con Massa". La visita del precandidato a San Juan no impactó en los números. Massa no se pronunció abiertamente a favor de la minería y la criticó estando en Mendoza. Esa posición le valió reproches entre los empresarios y, aparentemente, ha estado revisando con Basualdo su discurso y lo cambiará en septiembre cuando quieren los massistas locales que vuelva a la provincia. Se verá.
En definitiva, el Gobierno sigue gobernando a lo kirchnerista: apostando cada vez más a pesar de las derrotas. "Ni un paso atrás" es el lema ya conocido y la Ley de Abastecimiento es una prueba. Sigue con la idea de intervenir en todo, sin dejar que la economía evolucione de manera individual como ha ocurrido en otros países. Y en materia política, sigue otorgando ventajas como ya lo hizo muchas otras veces. El problema ahora es que hay competidor, y que las elecciones vendrán más rápido de lo que parece. El kirchnerismo sigue intacto, parece.