A pesar de las severas advertencias del organismo internacional contra las transacciones del dinero espurio proveniente del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, Argentina todavía no da respuesta a las exigencias reclamadas y si no lo hace en un plazo perentorio, podría tener severas sanciones.
El plenario anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido el mes pasado en París, emitió un durísimo dictamen contra la Argentina tras la evaluación que hicieron sus expertos en el país, entre 2009 y principios de este año, sin que se haya podido demostrar acciones de cambios en los tres poderes del Estado y en los sistemas financieros públicos y privados tendientes a evitar el ingreso y circulación de los capitales cuestionados.
Para ello se necesita una ley que reforme la Unidad de Información Financiera (UIF) antes de febrero próximo, cuando se vence el límite otorgado por el GAFI al Gobierno nacional para que muestre sólidas intenciones de comprometerse con la lucha antilavado.
Si bien en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se están discutiendo tres proyectos al respecto, ninguno tiene consenso como para llegar al recinto antes del cierre de las sesiones ordinarias de este año.
Sin una ley que someta al país a las normas internacionales antilavado, la situación de torna crítica ya que el GAFI dio oportunamente un plazo de cien días y si no se cumplen esas salvaguardas Argentina podría entrar en la denominada "lista gris” de países que están siendo observados y puede recibir sanciones con serias consecuencias bancarias y financieras, además del impacto en los acuerdos internacionales y el comercio exterior.