En un duro cuestionamiento al Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia exigió el nombramiento de jueces con la mayor celeridad posible ya que existe un 30% de cargos vacantes, dando lugar al funcionamiento de tribunales con demasiadas subrogancias. Este planteo atípico fue una decisión unánime de todos los miembros: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
De acuerdo al reclamo, los tribunales federales del país deberían estar ocupados por 992 jueces pero hay 324 cargos vacantes, lo que genera demoras, congestión y falta de justicia. Para que no queden dudas, no existen escollos presupuestarios, ya que la Corte adelantó la semana pasada su excelente situación financiera, al exhibir un superávit de mil millones de dólares.
Con estos mensajes destinados a repercutir en la opinión pública, los ministros señalan la ineficiencia del politizado Consejo de la Magistratura, creado en 1998, en su tarea de realizar los concursos de candidatos, verdadero botín político del kirchnerismo a la hora de repartir cargos. Unos de los argumentos para frenar los concursos en los últimos años fue la escasez recursos para construir los edificios requeridos por la normalización operativa.
A la Corte le preocupa la cantidad de vacantes existentes lo que afecta severamente el normal funcionamiento de los tribunales, según afirma, a la vez de remarcar que no es de su competencia corregir esta anomalía, calificada de delicada situación. A la vez el Consejo le envió una nota sugiriendo al tribunal que habilite de urgencia el nombramiento de 18 magistrados que han cumplido todo el concurso, pero todavía no tienen tribunal. En estos casos le pide concretamente el desempeño en cualquier otro juzgado.
En este contexto todo parece resumirse en los nombramientos para que la Justicia termine con la histórica morosidad. Sin duda hay urgencia de normalizar un poder del Estado donde se resguarda la democracia, pero la ciudadanía exige calidad institucional. Es decir, a la figura legal se la debe interpretar sin subjetividades ideológicas ni políticas, tal como sigue actuando impunemente ‘Justicia legítima” para entorpecer todas las investigaciones de corrupción y demorar pronunciamientos no obstante el cúmulo de evidencias irrefutables. Por eso debe darse la razón al fiscal Germán Moldes, cuando observa que ‘hay una farsa de justicia para consagrar la impunidad” al referirse al caso Nisman.