El violento asalto de dos menores con frondoso prontuario a una familia a la que tuvieron de rehén y fue liberada tras un intercambio de disparos con la policía, ha generado una polémica por la actitud de la jueza de liberar a los autores del hecho tras sólo 4 horas de detención. La reacción del ministro de Gobierno, que califico de "repudiable" la decisión y las críticas en las redes sociales, indican el malestar generalizado de la sociedad indefensa.
Toda legislación tiene letra y espíritu, a lo que se suma el sentido común que los jueces consideran al dictar una medida ya que la complejidad del derecho les permite interpretar el verdadero sentido de justicia, más en estos tiempos donde la inseguridad alteró la convivencia hasta ponernos en un estado de alerta permanente. Nadie discute la inimputabilidad absoluta de los menores ante el delito, pero si el criterio con que se la aplica y en este caso con el agravante de tratarse de dos chicos conocidos por la policía por sus reiteradas y violentas incursiones.
La jueza María Julia Camus, ha declarado ayer que "no podemos dejarnos extorsionar por el clamor popular", curiosa interpretación del malhumor colectivo por la rápida liberación de los menores. También rechazó las declaraciones a este diario de Andrián Cuevas -dijo que le llama la atención de que el ministro no conozca la ley siendo abogado- quien observó la impotencia y la indignación que genera la determinación del Juzgado.
Camus señaló que los chicos tendrían problemas de adicciones, pero que en el momento de la detención no había camas disponibles en el Hospital Marcial Quiroga para atenderlos. No habló de otras dependencias estatales donde pudieron alojarlos antes de dejarlos a la deriva. La jueza debe determinar cual es el tipo de conflicto, problema problema familiar, o del entorno, y a partir de ahí ordenar tratamientos de recuperación. No se trata de mantenerlos encerrados sino de ir más allá del objetivo de la ley. Y eso no se hace en 4 horas.
Nadie extorsiona a la jueza ni se trata de un planteo para dilucidarlo con el garantismo. Es la decepción de una comunidad que le molesta ser burlada por una institucionalidad sin lógica y que se burle el accionar policial que expone la vida de los efectivos para que después se abran las puertas de las comisarías en forma automática.