El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, ha declarado que las armas y las drogas son los mayores problemas vinculados con la violencia y la criminalidad en esa jurisdicción, con uno de los mayores índices delictivos del país. Si bien por la densidad de la población allí se potencia la inseguridad y el temor que afecta a todos los argentinos, esta indefensión debería impulsar al resto de las provincias a asumir los problemas con igual preocupación.

Es así que el gobernador Daniel Scioli ha dado una respuesta concreta a la ciudadanía, al declarar la emergencia en materia de seguridad ciudadana con medidas extraordinarias que se mantendrán durante un año, a la vez de convocar a sesión permanente al Consejo Provincial de Seguridad, que incluye a la oposición. El conjunto anuncios del último fin de semana, incluye una inversión de 600 millones de pesos en equipamiento y la reincorporación obligatoria de 5.000 policías y guardiacárceles retirados, más una serie de proyectos enviados a la Legislatura para contar con herramientas legales para hacer menos permisiva a la Justicia y la creación de 50 nuevas fiscalías exclusivamente para narcotráfico.

La necesidad de que la comunidad se sienta respaldada por el Estado activo debe reflejarse en un modelo similar al bonaerense para ser aplicado en todo el país, coordinado por el Gobierno nacional y todas las provincias. Es importante que se reconozca este drama en todo el territorio nacional -como ha hecho Scioli- y se actúe en consecuencia con uniformidad de medidas de emergencia. Más si está de por medio el flagelo del narcotráfico, con fronteras vulnerables y una penetración en el tejido social donde la corrupción es parte de la criminalidad por acción u omisión.

Precisamente la Iglesia, en un documento de la Pastoral Social de Drogadependencia, advirtió sobre el constante crecimiento del consumo de drogas en el país y el avance del narcotráfico que siembra violencia entre bandas, esclaviza niños y jóvenes para la venta de drogas, y corrompe a la sociedad y las estructuras del Estado en sus diversos niveles.

Una sociedad más equitativa y que promueva la sana convivencia, se construye con el aporte de todos, sin estigmatizar a nadie y menos con justicia por mano propia sino con la prevención de mandatarios activos y firmes para garantizar los derechos constitucionales.