La insólita legislación, reñida con el sentido común, quedará promulgada sin objeciones por del presidente Tabaré Vázquez y será la primera en América latina. La izquierda recalcitrante del Parlamento, apeló a la habitual falacia dialéctica y, con dominio mayoritario en ambas cámaras, modificó la Ley de adopción, argumentando que "es una importante adecuación a la Convención de los derechos del niño, porque afianza los procesos de adopción y de cambio de familia, evitando el tráfico de niños", según la senadora oficialista Margarita Percovich, impulsora del despropósito normativo. A su entender, la polémica ley no apunta a los derechos homosexuales, sino que se centra en el derecho de los niños a tener una familia.
Pero se advierte un derecho condicionado a la óptica garantista de la izquierda gobernante, ya que la ley establece que el Instituto del Niño y Adolescente (INAU) tiene ahora más potestades para conceder niños en adopción, que los jueces de familia, quienes decidían en base a los antecedentes y las seguridades que brinda una familia bien constituida. Serán reemplazados por el INAU como el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política en materia de adopciones.
Ante la permisividad orquestada, de nada valieron la lógica de la Iglesia Católica uruguaya, de las organizaciones de bien público y de la oposición política para frenar el absurdo del derecho gay. Como ha señalado el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, el tema de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales no es un tema de religión, filosofía o sociología. Refiere esencialmente al respeto de la misma naturaleza humana y consiguientemente es ir contra los derechos fundamentales del ser humano en cuanto a persona.
El desvarío doctrinario es parte de una sistemática política de reduccionismos ideológicos en base a un orden social que pretende ser justo anteponiendo los derechos humanos, aunque destruya la célula de la sociedad. Esta ley vino a completar -además de una frustrada legislación abortista- la sanción de la ley de unión concubinaria, con cláusulas que determinan condiciones para el caso del fin de la convivencia, y otra ley que abolió la prohibición para que homosexuales pudieran ingresar a las Fuerzas Armadas.
Además, el Senado aprobó un proyecto que autoriza el cambio de nombre y sexo desde los 12 años de edad, aunque todavía no lo trató Diputados.