Nacemos sin desearlo, escapa a nuestra voluntad, y nos desarrollamos en un medio preexistente a nuestra llegada. Ante esta situación acatamos lo establecido amoldándonos a las instituciones o aspiramos a transformarlas. Tomemos la opción que sea, intervenimos en la configuración política de la sociedad porque el orden de hoy es fruto del inconformismo y la posibilidad suprema de poder elegir libremente en el pasado.

El 10 de febrero de 1912, hace cien años, se sancionó la Ley Nº 8871, conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta.

En todos los ensayos de organización estuvo claro que el poder legítimo debía fundarse sobre la voluntad del pueblo, la igualdad y libertad de los ciudadanos pero hubo maneras muy diversas de entender y ejercer la soberanía popular, así como de definir y poner en práctica la igualdad y la libertad.

La Constitución de 1853 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral. El voto era universal masculino, voluntario y cantado. Cada votante lo hacía por una lista completa, es decir, que contenía los candidatos para todos los cargos y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política. La emisión del voto de viva voz provocaba graves inconvenientes, desde la pérdida del empleo hasta la propia vida, si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Así demostraban su desprecio por la democracia real y su concepción de que ellos eran los únicos con derecho a gobernar un país al que consideraban una propiedad privada, una extensión de sus estancias.

Pero a partir de 1900 una de sus mayores preocupaciones fue quitar la protesta de las calles y en la medida de lo posible volcarla en el sistema político. Para ello se hacía necesario dar cabida al principal partido opositor, el Radicalismo, pero también al moderado Partido Socialista. La participación de amplios sectores socializaba las responsabilidades.

Antes de asumir la Presidencia, en 1910, Roque Saénz Peña entrevistó a Hipólito Yrigoyen comprometiéndolo a la participación electoral de la UCR en futuras elecciones, con una nueva ley electoral que garantizara la limpieza y libertad de sufragio. El mandatario cumplió con su palabra y en estos conceptos: "’He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”, presentó al Congreso el proyecto de Ley de Sufragio. Establecía la confección de un nuevo padrón basado en los listados de enrolamiento militar, y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años. El sufragio pasaba a ser individual, y ninguna autoridad, persona, corporación, partido o agrupación política podía obligar a votar en grupos. Si la identidad del elector no era impugnada, el presidente del comicio le entregaba un sobre abierto, vacío, firmado en el acto por él de su puño y letra, y lo invitaba a pasar acompañado sólo por su conciencia a una habitación contigua a encerrar su voto en dicho sobre.

La ley significaba un gran progreso aunque no eran pocos los excluidos por ella. Los dementes declarados en juicio, los eclesiásticos y regulares, los soldados, los detenidos, los mendigos recluidos en asilos públicos y las mujeres, casi la mitad del padrón.

En las siguientes elecciones libres, en el mismo 1912, la bancada socialista creció notablemente y se sucedieron triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe. Aumentó la participación electoral, que para 1914 llegó al 62% del padrón total, mientras que en las últimas elecciones anteriores a la Ley Sáenz Peña apenas había llegado al cinco por ciento. Aminorar el fraude significó un notable avance hacia la democracia en Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras que habían sido marginadas del sistema por los gobiernos conservadores. Contribuyó a reformular y jerarquizar la condición de ciudadano. Permitió también una organización política garante de la participación de toda la sociedad porque el poder elegir qué destino forjar y la libertad para hacerlo es un poder olvidado que nos pertenece a cada individuo. Saber elegir, no simplemente votar, es tomar conciencia de la responsabilidad de una decisión privativa que encadena el propio destino al de millones de personas.