El relato histórico siempre ha respondido a la percepción de quienes escriben hechos y circunstancias, primando muchas veces los enfoques ideológicos o especulativos. Pero quien más se acerca a la verdad es quien se respalda en la objetividad de los documentos de una investigación.
De allí el valor del libro "La historia de los Derechos Humanos en la Argentina", de Graciela Fernández Meijide, presentado la semana pasada, que provocó la dura reacción oficial y de las entidades que reclaman por los crímenes de lesa humanidad.
Fernández Meijide tiene motivos y antecedentes para hablar de la etapa más oscura del país: su hijo Pablo, desapareció en 1976 a los 17 años, y ella integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documentó los alcances de la represión, dando precisiones de muertos, desaparecidos y de apropiación de bebés y bienes por parte de los militares. Así se llegó a condenar a los integrantes de las ex Juntas, en un juicio histórico. El relato jurídicamente documentado de la ex ministra de la Alianza afirma que los desaparecidos son 7954 y no los 30.000 que esgrimen, lo que la autora considera un número que se convirtió en un símbolo.
En realidad los 30.000 desaparecidos responden a una figura del alfonsinismo del ’80 para expresar al mundo que el terrorismo de Estado había diezmado al uno por mil de la población argentina de la época. Lo demás es parte de la dialéctica ideológica, aunque también habría que determinar si las indemnizaciones del Estado se han pagado al número exacto o al simbólico.