Se cumple un año del accidente ferroviario de Once, resultado de un desempeño estatal crónicamente deficiente y de una gestión empresarial fraudulenta e ineficaz. Una noticia positiva respecto al hecho es que el juez federal Claudio Bonadío decidió elevar a juicio oral la causa aunque, según los familiares de las víctimas el Estado lo silenció como si nada hubiera ocurrido.

Hace unos meses se han querido hacer anuncios para revertir el efecto negativo que aún permanece intacto en la mente de los argentinos. El ministro del Interior informó que se adquirieron 25 formaciones de 9 coches cada una en el Sarmiento y 30 de 6 vagones para el Mitre con un costo de 515 millones de dólares. Descarrilamientos, formaciones que no siempre pueden frenar a tiempo, choques, planes de obras que no se ejecutan, pasos a nivel sin control, servicios cada vez más espaciados o directamente nulos y desprolijidades grandes. Ese es el estado que presentan los ferrocarriles urbanos en Argentina. Atrapada en esa perversa red está la gente. Millones de personas que no tienen más remedio que utilizar un servicio en esas condiciones, resignadas a viajar peligrosamente, pero que no piensan en ello, porque la premisa es llegar sano y salvo a destino.



La tragedia de Once, tan anunciada por el deplorable estado del Sarmiento que pudo y debió haber sido evitada, dejó al desnudo el grado de impunidad de los empresarios a cargo de la concesión y de los funcionarios responsables de controlarlos, así como la enorme masa de dinero que circulaba sin una rendición de cuentas en el negocio. Ni la desidia que condujo a la tragedia ni el choque mismo, fueron accidentales. Fueron las consecuencias de una combinación mortal de descontrol e impunidad, donde miles de millones de dólares al año de dinero público son destinados a subsidiar el transporte público, sin mejorar los resultados de la concesión.

Es de esperar que la Justicia llegue al fondo de lo sucedido, que se halle a los culpables y que reciban el castigo que merecen, no sólo por las víctimas de la tragedia, sino para que nunca más se repita un hecho así. Es hora de que la ciudadanía exija a los responsables de las concesiones de transporte público y a las autoridades, ocuparse del presente y gobernar mirando al futuro con soluciones efectivas para los crecientes problemas que afectan a la población.