Los vehículos aéreos no tripulados, o drones, han ingresado en un sinnúmero de actividades y su perfeccionamiento avanza por la demanda de un mercado global que mueve miles de millones de dólares. Frente a este avance tecnológico, tal vez el mayor de la década, todavía no existe una legislación internacional similar a la que rige para el tráfico aeronáutico.
Si bien este estado anárquico ha sido regulado en diferentes países, la cuestión la plantea el desarrollo de los aparatos para hacerlos compatibles universalmente ante la gran variedad de aplicaciones demandada por los compradores. En Argentina la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) lanzó en julio pasado la Reglamentación 527 para el funcionamiento de drones en el territorio nacional, a partir del 12 de noviembre de 2015. La apunta a lograr un nivel uniforme de seguridad operacional frente a los demás usuarios del espacio aéreo resguardando a las personas y los bienes en superficie.
Exige contar con autorización para operar y en en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe contar con un permiso de excepción por el riesgo que supone. Estas salvedades también existen en el mundo para evitar sobrevolar en zonas densamente pobladas o aglomeración de personas y otras zonas restringidas, como en cercanías de aeropuertos. No obstante, cada vez son más frecuentes los incidentes de drones con aviones de gran porte.

La firma PwC, una de las mayores consultoras del mundo, pronostica un negocio mundial anual de 127.000 millones de dólares en drones para la construcción, la agricultura y el transporte, donde se podrían concentrar los volúmenes más significativos de actividad. En infraestructuras, los drones pueden abrirse un nicho de 45.200 millones de dólares, ya que estos dispositivos pueden recopilar información durante las obras y pueden ejecutar trabajos de riesgo. La agricultura es un mercado de U$S 32.400 millones para atender grandes extensiones de cultivo y vigilar los equipos instalados y en transporte la facturación puede alcanzar los U$S 13.000 millones por la demanda de empresas como Google, Amazon o DHL, actualmente están en fase de prueba para entregar productos con drones.
El problema es político a nivel mundial para unificar exigencias para la industria y las operaciones.