El gobierno iraní rechazó formalmente la petición del gobierno argentino de sustanciar el juicio por el atentado a la AMIA en un tercer país. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso esa alternativa al hablar ante la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado mes.

En un escrito presentado en la ONU, el régimen del presidente Mahmoud Ahmadinejad sostiene que no existen acuerdos jurídicos de cooperación bilateral para concretar ese tipo de procedimientos, calificó como falsa acusación los cargos presentados en la investigación local contra ocho ciudadanos iraníes y consideró como un procedimiento arbitrario la investigación que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral. También acusó a las autoridades argentinas de violar el derecho diplomático por la comisión de presuntas escuchas telefónicas a la embajada iraní en Buenos Aires y de haber colaborado con grupos terroristas, en particular con la conocida Organización Mujaidines. Se trata de una de las más duras y activas opositoras del Gobierno de Teherán y su contribución fue crucial para que en 2002 saliera a la luz la existencia del controvertido plan nuclear iraní.

El año pasado, la Unión Europea retiró a Mujaidines de su lista de organizaciones terroristas, pero conserva ese rótulo en la lista del Departamento de Estado norteamericano, debido a que muchos civiles han sido víctimas de sus ataques. El comunicado afirma que "el gobierno de Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión de la AMIA”. Una afirmación absurda: Hasta el último censo, Irán contaba con 65.875.23 habitantes, y por el tenor de la nota pareciera que se investigó a todos ellos para luego concluir que ningún iraní estuvo implicado.

Afirmar algo de modo tan concluyente pareciera indicar que se tiene información y datos que Irán nunca facilitó. En su escrito se señala que Argentina se ha negado sistemáticamente a negociar un marco jurídico de cooperación en cuestiones judiciales. Pero lo que esos instrumentos vinculan es a los Estados, que son distintos de los gobiernos. Irán no necesita de esos convenios para cumplir sus obligaciones con la resolución 1373/Sep. 2001 y concordantes, obligatorias conforme el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que compromete a los países miembros a colaborar en la lucha contra el terrorismo.

Por ahora, el ofrecimiento de la presidenta para encausar a los sospechosos en la Justicia de un tercer país no encuentra respuesta de Teherán.