¿Es necesario ocupar policías en una oficina de prensa cuando no se comunica? ¿Es necesario que un policía sea secretario del jefe de Policía? ¿Es necesario que un patrullero con policías lleve y traiga papeles de y a los juzgados? ¿Es necesario que un policía extienda un certificado de domicilio cuando la verificación de ese dato no se hace, que es en la mayoría de los casos? Si la respuesta común a todas esas preguntas fuese no, que sería la más lógica, ¿por qué armar lío con otro poder del estado? Si el Ministerio de Gobierno quisiera comenzar a sacarse de encima a todos los policías que hacen tareas administrativas para pasarlos a su verdadero rol que es el de custodiar la seguridad de la gente en las calles, tal la excusa esgrimida desde Gobierno, habría que empezar por casa y no por el vecino. Esta semana hubo polémica entre el Ministerio de Gobierno y la Corte de Justicia, luego que el secretario de Seguridad, Miguel González, enviara una carta al Poder Judicial diciendo que a partir del 1 de mayo los edificios judiciales se quedaban sin custodia policial por una readecuación de tareas de esos efectivos. La Corte, firme como hace mucho no ocurría, dio un tajante "no" como respuesta. Y le pidió al ministro de Gobierno y jefe directo de González, que no interprete las leyes, que para eso están ellos. Palo para Adrián Cuevas. Sólo para graficar: el 65% del total de los policías que tiene la provincia están en las calles. El resto, es decir el 35%, sólo cumplen tareas administrativas. La pelea entre el Ministerio de Gobierno y el Poder Judicial es por 50 o 100 efectivos. En total, entre los que están en las oficinas y los que hacen calle, hay 3.500 aproximadamente. Es decir, la discusión no se justifica. En el medio, señoras y señores, el inicio de una interna que puede terminar mal: Miguel González versus Adrián Cuevas. Un dato no menor: dicen fuentes oficiales que Miguel González había llamado a la Corte en días anteriores para anunciar la decisión, diciendo que era una orden de Adrián Cuevas, cuestión que el ministro negó luego.

Todos a la calle

No hay dudas de que el trabajo administrativo en la Policía es necesario, ya que por su naturaleza está estrechamente ligado a la Justicia, cuya burocracia a veces puede pesar más que el Código Penal. Pero también es cierto que a los policías se los entrena con otra orientación, la de estar en la calle y combatir el crimen. Al colocarlos en otras tareas, se les desnaturaliza la misión, se los confunde, se los desacomoda en su perspectiva, algo que sin dudas trae consecuencias. Hoy el Gobierno Provincial está profesionalizando las filas policiales con cursos y carreras cada vez más exigentes. Sería una trampa del destino que esas personas acaben en una oficina extendiendo certificados de domicilio. No sólo sería una trampa, sino que sería una mala utilización de los recursos. Y lo peor es que no hay nada que garantice que eso no va a ocurrir.

Además y en una lectura inclinada a las gestiones políticas, la Justicia no es el único lugar donde la Policía pone adicionales sin cobrarlos. Hay funcionarios que tienen esa custodia. Hay reparticiones públicas que también la tienen y, sin embargo, nadie del Ministerio de Gobierno se ha esforzado en decirles a esos funcionarios que deben pagar adicionales o que necesitan que esos policías estén en las calles haciendo prevención. ¿Por qué se le quita a la Justicia y a otros se les mantiene?

La interna

Cronología: el 24 de abril, DIARIO DE CUYO en su versión impresa, publica: "La Policía deja de vigilar los edificios de la Justicia". El mismo día el secretario de Seguridad, Miguel González, ratifica la medida en una entrevista en Radio Colón, entre las 7 y las 8 de la mañana. Más tarde, Adolfo Caballero, miembro de la Corte de Justicia en el mismo medio, dice "Han interpretado equivocadamente. Hay que recordar que la Corte de Justicia es quien interpreta la ley, no el particular o el funcionario". El 25 de abril, DIARIO DE CUYO publica: "Marcha atrás con el retiro de custodia en la Justicia". Y agrega declaraciones de Adrián Cuevas: "En ningún momento se va a levantar la custodia en los edificios judiciales, nunca se pensó". Es decir, el secretario de Seguridad confirmando la decisión y el ministro de Gobierno desmintiéndolo, todo en el mismo combo. El problema no es lo que los funcionarios declararon, sino lo que corre bajo el agua: según fuentes oficiales, González se comunicó días antes de enviar la nota con alguien de la Corte para anticipar la medida y se la adjudicó a Cuevas, a pesar de que éste luego lo negó. ¿No hay comunicación entre un funcionario y otro? ¿Hay que pensar que uno de los dos mintió? ¿Quién manda? Silencio de radio.

Y lo último: la Corte de Justicia. Parecería que el tema les vino al dedillo a los miembros del máximo tribunal para separarse del Gobierno. No hay hecho objetivo que indique que hay buena o mala relación entre uno y otro poder. Pero subyace en la burbuja política el fantasma de una Corte conteste, aunque, se insiste, sin hechos objetivos que señalar. Lo de la custodia a los edificios, tomado rápidamente por el ministro de la Corte Adolfo Caballero, sirvió para despegarse y, en definitiva, dar una imagen distinta. No es la primera vez que el magistrado hace gala de esa independencia. Y casi que está bien que así ocurra. Esta vez el reto se lo llevó Cuevas. Y, hay que reconocer, se lo bancó como un duque. El ministro de Gobierno evaluó que se equivocó, pasó el mal trago y siguió, como debe ocurrir cuando las cosas no vienen bien. Le queda al ex presidente de OSSE, la no muy grata tarea de dominar a un secretario de Seguridad que está clavado en el cargo desde que Gioja es Gobernador. No será fácil, pero deberá tener éxito para continuar, y ojo, porque Gioja en situaciones similares, siempre prefirió a González.