La seguridad presidencial en todo el mundo es una tarea compleja y requiere expertos bien entrenados en la prevención de situaciones de riesgo por imprevistos u otras contingencia en actos y desplazamientos de las máximas autoridades. Los operativos que rodean al presidente de Estados Unidos son modelos que se aplican en diferentes países, con adaptaciones locales y siempre respetando las garantías institucionales.
En la Argentina esta misión es competencia de la Casa Militar, un organismo de la Casa Rosada dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que ha despertado dudas acerca de su efectividad, a partir de los incidentes registrados el 12 de agosto pasado en momentos en que Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal recorrían el barrio marplatense de Belisario Roldán. Las piedras arrojadas al automóvil que trasladaba a las estas autoridades es una clara advertencia de fallas operativas.
Se atribuye la imprevisión a cuestiones de imagen y de gastos, que el propio presidente habría dispuesto para diferenciarse de los aparatosos dispositivos del kirchnerismo, cada vez que la presidenta debía viajar tanto por el país o al exterior. En esas circunstancias la agenda oficial ordenaba misiones del personal de seguridad que iba hasta con 10 días de anticipación a los lugares y los recorridos a cumplir por la mandataria, e identificar a quienes podían concurrir a fin de imponer un ‘anillo’ de seguridad en cada acto. Lógicamente la ‘avanzada’, según la jerga de los operativos, para dar seguridad a la visita puntual de un magistrado implica gastos extraordinarios, desde viáticos hasta la movilización de aeronaves y vehículos blindados, entre otras erogaciones.
Pero son presupuestos que deben asumirse y más en momentos de amenazas y efervescencia política con grupos de izquierda que plantean una resistencia callejera a fin de obstaculizar y generar caos mediante un plan sistemático de provocaciones. Más grave todavía es la denuncia formulada por el el juez federal Alfredo López, quien tuvo a su cargo la primera etapa de la investigación por agresiones contra el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata. Ha renovado sus duras críticas contra la organización Justicia Legítima, afín al kirchnerismo porque, según el magistrado, no se pudo actuar en la investigación del ataque al automóvil que conducía al presidente y la gobernadora, porque son funcionarios que responden al gobierno anterior y no tienen interés de hacer justicia o investigar estos delitos.