Uno de los principales temas abordados en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, realizada en abril, fue el de la necesidad de reforzar la lucha contra el crimen organizado, a través de la creación de un sistema continental de seguridad ciudadana, al considerarlo prioritario para los 33 países participantes, entre los que se encuentra la Argentina.
El encuentro fue calificado como la "cumbre del diálogo y la sinceridad” por haber tratado temas polémicos como la inclusión de Cuba y el reclamo por las islas Malvinas, aprobando acciones regionales agrupadas en cinco puntos: desastres naturales, seguridad ciudadana, integración en infraestructura, uso de las tecnologías de la información y combate a la pobreza.
A propuesta de la delegación mexicana, se estableció que la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará la actual estrategia continental contra el crimen organizado para buscar nuevos enfoques que refuercen la lucha, sin que se centre en la legalización de las drogas, confiando en el conocimiento que la OEA tiene de la región para encontrar soluciones contra la delincuencia.
La iniciativa contempla la creación de un Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado, que estará basado en la investigación que realice la OEA, con el auxilio de la oficina antidrogas de la ONU. El nuevo sistema será integrado antes de terminar el año, su sede estará en México y tendrá la misión de crear una red continental para articular políticas y tener un plan de acción hemisférico contra la delincuencia trasnacional.
Es de esperar que nuestro país esté presente con propuestas superadoras, con respecto a las anteriores Cumbres, que se destacaron por principios y declaraciones sobre el combate contra el delito, pero no se avanzó sobre la capacitación de los efectivos policiales de las provincias, puesto que todos los cursos fuera del país son realizados por personal de las Fuerzas Federales, sin que jamás se le haya dado la posibilidad de perfeccionarse a oficiales de nuestra Policía Provincial.
Igual criterio debería aplicarse sobre distribución de equipamiento de alta tecnología, para la investigación de delitos complejos, como secuestros extorsivos, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, de manera de asegurarle a las policías provinciales el acceso a estos bienes, todo lo cual contribuirá a que las acciones contra el delito, desde cualquier ámbito del país sean en un marco de igualdad y equilibrio, logrando así nuestra Nación la eficacia a la que se han comprometido los mandatarios americanos.