La composición del nuevo Congreso de la Nación, surgida de las recientes elecciones legislativas, deberá desmontar la suma de poderes que, en los últimos años, el Parlamento le otorgó al Poder Ejecutivo.

En la República, el dinero del Estado no se entrega al libre manejo del Ejecutivo, como en las monarquías absolutas: la ley de Presupuesto establece los montos que la Administración podrá gastar en cada rubro, con límites estrictos. Pero el actual Congreso autorizó al Ejecutivo a modificar partidas y realizar gastos al margen de lo presupuestado. En 2008, el Gobierno, además de modificar partidas, gastó a su simple criterio por "ampliación de gastos" que libremente decidió, por "excedentes de recaudación" y en "Fondos Fiduciarios", 43.614 millones de pesos, o sea 120 millones de pesos diarios, según el Informe del Equipo de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas, que coordinó el economista Adrián Ramos.

El próximo Parlamento deberá poner fin a ese gasto discrecional y controlar, además, los montos que cada año el Gobierno incluye en el proyecto de Presupuesto. Por ejemplo, este año asignó a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) 485 millones de pesos, cuando en 2008 la partida fue de 388 millones y, en 2003, al asumir Néstor Kirchner, era de sólo 138 millones. No se conoce una razón para tal aumento en una repartición en la que, por existir "fondos reservados", resulta casi nulo el control externo de los gastos.

Desde hace años, los sucesivos presidentes dictan Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre materias que corresponden al Congreso, es decir, decretos que operan como si fueran leyes. La Constitución ordena que los DNU que el Ejecutivo dicta sobre asuntos inherentes al Congreso, deben someterse a la consideración de una comisión bicameral que luego elevará a las Cámaras para su expreso tratamiento. Por años, dicha comisión no se constituyó. Finalmente, fue creada en 2006, pero conforme al art. 24 de la ley 26122, tras elevar su despacho a las Cámaras, basta con que una de ellas no lo rechace expresamente para que el DNU conserve vigencia. Por el contrario, la Constitución exige, para que el DNU siga rigiendo, que ambas Cámaras lo aprueben expresamente, ya que su contenido es propio de una ley. Hasta ahora ningún DNU fue rechazado por el Congreso.

En las últimas elecciones legislativas la ciudadanía pidió un cambio que los nuevos legisladores deberán tener en cuenta, trabajando para que la división de poderes sea respetada y valorada con acciones concretas.