Los altos precios de la carne vacuna y el acompañamiento que le siguió en los productos alternativos, como el cerdo y el pollo, aconsejados por las autoridades como sustitutos naturales en la dieta de los argentinos, impulsó después el programa "Pescado para todos", promocionado por la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al comprar merluza fresca en un puesto ambulante.
Esa especie ictícola, la más difundida en nuestro país, tuvo una alta demanda durante la Semana Santa, que en muchos lugares del país no pudo ser satisfecha por la escasez del producto, debido a la sobre explotación pesquera existente en nuestro litoral marítimo, tanto de buques argentinos como de extranjeros. Según el alerta difundido por los empresarios del sector, el 80% de la población adulta de merluza ha desaparecido y esto lo puede observar el simple consumidor cuando encuentra en las góndolas solamente ejemplares jóvenes.
Los informes científicos y de ONG ambientalistas han revelado que en los últimos veinte años desapareció alrededor del 80% de la población adulta de merluza. Sin embargo, las autoridades nacionales habilitaron a la pesca casi 300.000 toneladas en esta temporada, una cifra que compromete seriamente la explotación sustentable, ya que al permitirse la captura de los ejemplares juveniles, se corta el ciclo reproductivo.
Pero no solo la popular merluza quedó diezmada sino también corren riesgo muchas especies comerciales que comprometen el futuro de la segunda actividad económica, con alta incidencia exportadora. Por ejemplo el caso del calamar, que como la merluza hubbsi, entró en colapso biológico y la Argentina es el principal abastecedor de calamar del mundo, lo cual genera interrogantes que no dan respuesta en los organismos oficiales, caso de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal Pesquero, este último encargado de determinar la captura máxima permisible.
Lo importante es que sean reguladas con rigor las explotaciones pesqueras, de manera de cuidar un recurso que el año pasado alcanzó un monto cercano a 800 millones de dólares, casi el doble que las ventas externas de carne vacuna. Para ello debe establecerse una política de Estado que defina la sustentabilidad y, particularmente, el control del ingreso de los barcos extranjeros.