La última Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que, a pesar del crecimiento económico, la ampliación del consumo y la proliferación de políticas sociales, experimentadas durante los últimos años, el problema de la inseguridad lejos de mejorar se agrava año tras año.
Asimismo, los resultados del estudio dan cuenta de que ese aumento se produjo en todas las grandes ciudades del país. Tanto el Gran Buenos Aires como las ciudades del interior registraron tasas de inseguridad y de miedo al delito cercanas al 30 y al 80%, respectivamente. Esos índices están indicando claramente que tres de cada diez argentinos sufrieron un hecho de delincuencia durante el año pasado y ocho de cada diez de los consultados experimentaron temor a ser víctimas de un delito.
En este contexto, la ministra de Seguridad y Defensa, Nilda Garré, acaba de admitir que se siente culpable por no poder revertir lo que denominó una "sensación de inseguridad\’\’ en la población, y atribuyó ese reclamo a una estrategia de los medios de comunicación para "instalar\’\’ el tema. La funcionaria expresó que personalmente se encuentra en "un estado de cierta culpa, porque la gente está tan angustiada\’\’ por el tema. Una inseguridad tan palpable como innegable se ha convertido en la sombra de gran parte de los argentinos, por más que algunos pretendan negarla, minimizar o reducir el fenómeno a una discusión acerca de si sólo se trata de una "sensación\’\’ y no de una realidad.
Llama la atención que la ministra del área se base en su percepción y no en estadísticas ante un problema tan grave. El Estado no puede deslindar su responsabilidad fundamental de garantizar un derecho básico como el de la seguridad a través de la optimización de los recursos de los organismos correspondientes. Esto significa contar con una fuerza policial bien paga y confiable, una logística adecuada, sistemas de prevención y detección criminal actualizados, y estadísticas reales de fiscalías, juzgados y comisarías, además de las encuestas de victimización, que permiten observar tendencias, patrones, tipos de delitos y horarios.
La única defensa radica en una decisión política que se traduzca en hechos. Un elemento central que contribuiría a atenuar la percepción de inseguridad sería la resolución de crímenes que aún permanecen impunes, para evitar el acrecentamiento del descrédito de las instituciones policiales y de la Justicia.