Las conversaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en búsqueda de una salida política del conflicto armado que lleva más de cuatro décadas, se encaminan a eliminar la insurgencia marxista con la mediación de terceros países, pero se plantean numerosos y complejos problemas.
Si bien las conversaciones comenzaron hace un año, con acercamientos exploratorios, hasta arribar a un acuerdo bilateral oficializado por ambas partes el 27 de agosto pasado, los pasos a seguir sobre la forma de viabilizar el fin de la guerra y la construcción de una paz tangible y durable comenzarán a concretarse en Oslo, Noruega, y luego continuarán en La Habana, Cuba, con la participación de Chile y Venezuela. Pero retornar a la normalidad en Colombia, con el desarme y la integración social de la narcoguerrilla no será tarea fácil, ya que la mayoría de los combatientes no conocen otra forma de vida que la del combate y plantea un verdadero reto. Por ello Santos busca instrumentar un mecanismo de consulta popular que permita a la población y su conjunto opinar sobre los eventuales acuerdos de paz con la guerrilla. Se busca un apoyo masivo para las actuales negociaciones y los acuerdos humanitarios que regirán mientras la paz se materialice de modo concreto. La medida, contemplada en la Convención de Ginebra, busca resguardar a la población civil, teniendo en cuenta que no habrá cese del fuego hasta declararse oficialmente el fin de la guerra, y eso puede demorar meses e incluso hasta un año.
El plebiscito procura involucrar a todo un país, para evitar nuevas frustraciones.