La mayor parte de los jubilados y pensionados, sometidos a retribuciones que no llegan a los mínimos requeribles para atender sus necesidades más apremiantes, no cree en los positivos horizontes que son presentados en los discursos oficiales.

La jubilación es un derecho que se va comprando durante toda la vida y, al final de ésta, se lo licúan. Se lo expropiaron a quienes aportaban a las AFJP, ya que el Estado se quedó con esos fondos. Se trata de una curiosa paradoja por parte de un gobierno que dice ser progresista, y que niega dinero a quienes ya no tienen fuerza para trabajar. Pero por los datos que se conocen, los jubilados no parecen quedarse en la pasividad.

En los últimos cuatro años, la Justicia previsional prácticamente triplicó la cantidad de sentencias dictadas con un resultado por lo general favorable a jubilados y pensionados. Mientras que en 2006 el promedio era de poco más de 800 fallos, ahora se firman cerca de 2.200 cada mes, sólo entre los jueces de primera instancia. Entre febrero y septiembre de este año hubo 17.394 resoluciones de demandas iniciadas por los jubilados, contra 6.466 de aquel año, el mismo en que la Corte Suprema declaró que los ingresos de todos los pasivos, y no sólo de quienes cobran el haber mínimo, debieron haberse ajustado desde el inicio del período inflacionario, en 2002.

Como desde mediados y hasta el final de la década del 90 no hubo aumento del salario promedio, la Justicia se refirió a la aplicación de un índice para las subas de jubilaciones a partir de enero de 2002, abarcando un período de cuatro años de gestión kirchnerista, de 2003 a 2006 en los que hubo alza de precios, y consecuentemente de salarios, sin que se cumpliera con el mandato constitucional de la movilidad jubilatoria.

El resultado de los estudios efectuados por la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) es contundente. De acuerdo con este análisis, el gobierno encabezado por Cristina Fernández ha sustraído el 62% de los recursos previsionales, equivalente a 93.266 millones de pesos, que fueron prestados al Tesoro Nacional para que sean invertidos en gastos corrientes.

Resulta penoso que, tras haber aportado a lo largo de la vida laboral, haya que recurrir a la Justicia para reclamar que el Estado les entregue lo que les corresponde.