Hace un siglo, el Congreso Nacional sancionaba la ley electoral Nº 8871, más conocida por el nombre del presidente que propuso el proyecto legislativo e impulsó su aprobación, el Dr. Roque Sáenz Peña. "El pueblo quiere votar”: con esta frase el mandatario sintetizó el espíritu de la reforma electoral que él mismo impulsó, logrando instaurar la transparencia en los sufragios y la representación de las minorías a través del sistema de lista incompleta.

De este modo hacía su aparición el voto secreto, universal y obligatorio y, tras años de lucha, se pudieron llevar a cabo elecciones sin que la sombra de fraude oscureciera sus resultados. Para el sistema político, fue una señal hacia el pluralismo y la tolerancia frente a las minorías, y, en la estructura institucional, confiarles a los jueces el garantizar todos estos atributos. Esa ley fue un punto de partida, y ése es su éxito. Fue promotora del pluralismo político, condición que se advierte, por ejemplo, en la instauración de un sistema electoral "ad hoc” que si bien es mayoritario, permitió la incorporación de representantes de los partidos minoritarios. Así, en la primera elección presidencial en la que se implementó, produjo nada menos que la ruptura del orden conservador y la alternancia del signo político gobernante, desplazando al sector que estaba en el poder desde hacía varias décadas.

El valor de la ley Sáenz Peña va más allá de los artículos que la conformaron, sino en la circunstancia. Se constituyó en un vector de las instituciones democráticas y electorales, como un faro que ha podido sugerir un rumbo a seguir en reformas electorales ulteriores. En sus postulados, la ley Sáenz Peña deseó ser superada, así debía serlo, y allí encontró su trascendencia. En ese marco debe destacarse uno de sus frutos en el reconocimiento, tantas veces postergado con anterioridad, del sufragio femenino en 1947.

También puede atribuirse a ese mandato expansivo del cuerpo electoral nacional la modificación en las décadas siguientes del status de los territorios nacionales y sus habitantes, así como el reconocimiento, mucho más reciente, del voto de los electores residentes en el exterior y de los ciudadanos privados de libertad. La matriz instaurada hace un siglo, fue el elemento transformador de la realidad política argentina y todavía es un eje del destino de nuestra democracia.