No obstante existir la protección a las ballenas, con una moratoria de caza comercial desde 1986 y el rechazo de la Corte Internacional de Justicia a todas las apelaciones presentadas por los países que las persiguen, el año pasado fueron capturados 1.600 ejemplares, unos 4 por día, según se reveló en la reunión de la Comisión Ballenera Internacional, celebrada la semana pasada en Eslovenia.

La transgresión es de varios países que no reconocen la veda ni los acuerdos internacionales de protección, caso de Noruega, Islandia y Rusia, en tanto otros cuentan con cuotas para la caza aborigen en Groenlandia, Alaska, Siberia, San Vicente y las Granadinas. Japón, por su parte que asegura que captura por motivos científicos, hecho desmentido rotundamente por el Tribunal de la Haya.

A este panorama desalentador se suma otro obstáculo insólito, al haberse rechazado el proyecto de creación de un santuario ballenero en el Atlántico Sur, propuesta defendida por Argentina, Brasil, Uruguay y Sudáfrica y entidades proteccionistas como la organización Greenpeace. No se alcanzaron los dos tercios de los votos: 40 países votaron a favor, 18 en contra y dos se abstuvieron en un contexto de compromisos o presiones políticas.

La campaña la lanzó Greenpeace el 9 de mayo último, con amplia difusión sobre los beneficios para proteger a la mayor especie amenazada por razones económicas y culturales. La creación del santuario en el Atlántico entre las costas de América del Sur y Africa, y en el Pacífico, desde el Ecuador hasta la Antártida, tuvo muy buena aceptación en la CBI, pero debía ser sometido a una votación que finalmente fracasó.

Se buscaba preservar especies en riesgo de extinción, como la ballena franca austral y la minke, entre otros ejemplares de gran porte que sufren los embates de los barcos balleneros que merodean en todos los mares. Además se podría disponer de un marco legal para canalizar los recursos para la investigación científica y para actividades educativas, además de promover el turismo de avistaje u observación, con beneficios directos para los países ribereños.

Brasil lo consideró un tema prioritario e inició una intensa campaña diplomática y consultas a unas 20 naciones que comprometieron su apoyo al proyecto, pero evidentemente se tocaban intereses muy poderosos.