Uruguay es el primer Estado latinoamericano en asumir el control y el negocio de la marihuana, tratando de dar respuesta a experiencias fracasadas de lucha contra las drogas peligrosas, ya sean estas de países consumidores o de producción y trasiego, como ocurre en gran parte de nuestro continente.
El sueño de este experimento uruguayo es convertirse en un referente en el mundo entero sobre cómo combatir al narcotráfico y a las drogas. Se trata de la iniciativa de un país chico y bien estructurado ni tan centralista como otros, con poca pobreza, no tanta corrupción pública y con una justicia decente -incluyendo a las fuerzas del orden-, cuatro elementos que no lo hacen atractivo al accionar del narcotráfico internacional.
Habrá que seguir bien de cerca este experimento porque de repente arroja algunos resultados importantes para que puedan ser imitados por otras naciones, que tal vez lo están aguardando con ciertas expectativas. Sin embargo, hay dos cosas fundamentales que deben tenerse en cuenta.
En primer lugar, que no muchos países de la región poseen esos cuatro elementos uruguayos o, al menos, no tienen el equilibrio necesario que existe entre ellos. Puede que un país no sea tan centralista y que no descuide a todos los sectores sociales, o los más alejados de la ciudad capital, pero que tenga una justicia débil o una policía corrupta.
Es decir, no puede haber una política estatal contra el narcotráfico si no se generan fuentes de trabajo y se deja el clientelismo de lado. Además, si no se atienden a las poblaciones marginadas o lejanas a los centros de poder, casi siempre en las capitales de los países, o si la corrupción es permitida o está institucionalizada en un determinado país.
Lo segundo para considerar, y lo más importante, es que combatir las drogas con la legalización de la marihuana es una fantasía si se cree que con ello se neutralizará al narcotráfico y sus negocios, los que van más allá de los estupefacientes orgánicos, elaborados o sintéticos. Las bandas de narcotraficantes no solo recalarán con negocios que van más allá de la no tan ofensiva marihuana, que no tiene que ver necesariamente con las drogas, sino con las ganancias que estas generan y sus negocios conexos.
Es decir, con el lavado de dinero a través de bancos fraudulentos, con el blanqueo de capitales en la construcción y las inversiones inmobiliarias, con el financiamiento de campañas electorales, con la filantropía para ayudar en causas sociales y nobles, con el tráfico de personas, con los secuestros, los robos, la pornografía y de todo ese profundo submundo del crimen organizado y de las mafias.
Por eso el experimento uruguayo no debe ser tomado como referencia, como quieren hacerlo algunos políticos argentinos, sino hay que dejar que el tiempo permita ver sus resultados. Por ahora es un sueño deseado que puede terminar siendo una partecita de una gran pesadilla.
