El 4 de septiembre de 1812, el primer Triunvirato firmó un decreto que decía: "el Gobierno argentino ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio".

De esta forma la República Argentina abrió sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisieran vivir en este suelo. La Constitución de 1853, en su Prólogo, también convocaba a "todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino". La llegada de los inmigrantes del país respondió a patrones mundiales de flujos de población. La mayoría abandonó su patria, dejando familiares y afectos, lanzándose literalmente a la aventura, ya que ignoraban casi todo de su lugar de destino. En el siglo XIX, los presidentes Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda, fueron quienes más fomentaron la acogida de inmigrantes, lograron el afianzamiento del orden institucional de la república unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la Nación.

Este fenómeno vivido hace dos siglos en Argentina se repite en la actualidad en muchas partes del mundo, aunque algunos países, como Italia y España, han endurecido las normas relativas al flujo inmigratorio. Sin embargo, las actuales migraciones constituyen el movimiento humano más vasto de todos los tiempos. En los últimos decenios, tal fenómeno, que afecta en estos momentos a cerca de 200 millones de personas, se ha transformado en una realidad estructural de la sociedad contemporánea, constituyendo un problema cada vez más complejo.

Impulsado la libre decisión de las personas, y también por objetivos culturales, técnicos y científicos, además de económicos, este fenómeno es un signo elocuente de los desequilibrios sociales, económicos y demográficos, tanto a nivel regional como mundial, que impulsan a emigrar. También nos encontramos hoy con la realidad de la globalización, que paradójicamente ha abierto los mercados pero no las fronteras, ha derrumbado las barreras de la libre circulación de la información y de los capitales, pero no lo ha hecho en la misma medida con las de libre circulación de las personas.

Conjugar la exigencia legítima de orden, legalidad y seguridad, con la realización concreta de la cultura de la asistencia y de la acogida que permita la integración, sigue siendo un desafío a asumir y no una opción a rechazar.