El año pasado, convertido en fiscal público, Chávez logró abortar la presencia de militares estadounidenses en bases de Colombia, porque desestabilizaría a la región. Sin embargo, él desafió la paz regional como el mayor comprador de armas entre países en desarrollo, permite a la Guardia Revolucionaria Iraní instalarse en Venezuela para construir bunkers en la Península de Paraguaná y mantener una fuerte alianza con las narco guerrillas de las FARC.

Aunque se victimice con creativas teorías conspirativas, existen evidencias en su contra. La principal fue ratificada el 10 de mayo por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres, basado en un análisis de los archivos digitales que el ejército colombiano le incautó a las FARC en Ecuador, durante la "Operación Fénix” de 2008. Revela que el gobierno venezolano ofreció 300 millones de dólares, refugio, armas y apoyo diplomático a las guerrillas, a cambio de entrenamiento a militantes, asesinato de opositores y protección ante una eventual invasión de EEUU.

La denuncia del Die Welt, basada en "servicios de inteligencia occidentales” no es descabellada. La injerencia del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en Venezuela se solidificó en el último lustro. Se sospecha que los vuelos semanales Teherán-Caracas, además de pasajeros, trasladan uranio e informes de inteligencia; que aumentó la compra de pertrechos militares y que los persas encontraron la llave para entrar en la región con mercancías e ideología antisemita.

La intromisión regional de Chávez no se agota en lo militar. También ha teñido de ilegalidad varios procesos electorales, bajo la seducción de una billetera repleta de petrodólares. El peruano Ollanta Humala está pagando las consecuencias frente a su contrincante Keiko Fujimori de caras a las elecciones del 5 de junio, acusado de recibir valijas llenas de efectivo para su campaña. Maletas similares empañaron las campañas de Cristina Kirchner en Argentina, la de Fernando Lugo en Paraguay e hicieron que al hondureño Manuel Zelaya lo echaran en pijama, cuando procuraba cambiar la Constitución para eternizarse en el poder.

Los dineros de Chávez también aderezaron otras reformas constitucionales y campañas como la de Evo Morales y Rafael Correa, quien habría recibido fondos de las FARC en 2006 por lo que es investigado por la fiscalía ecuatoriana. Chávez, asimismo, es el mayor sostén de los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y los hermanos Castro en Cuba. En todos los casos, se trata de alianzas estratégicas para intercambiar desde enfermeros y estudiantes, hasta ideología y servicios de inteligencia. También para cerrar o expropiar medios de comunicación independientes, hacer propaganda, controlar a la justicia o desbaratar a la oposición.

Hasta ahora, Chávez ha sorteado con destreza las acusaciones que lo involucran. Pero la comunidad internacional no debería aceptar desmentidos, sino exigir pruebas fehacientes de que no posee misiles iraníes. En el caso del abierto respaldo a las FARC, los tribunales internacionales tienen pruebas suficientes para enjuiciarlo como al libio Muamar al Kadafi. Y por su descarada infiltración desestabilizando elecciones ajenas, se debería expulsar a Venezuela de organismos multilaterales y aplicarle las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana.