Hacemos enormes esfuerzos económicos para concluir el dique Caracoles, para ampliar nuestra área de cultivo, pero al mismo tiempo asistimos al mayor desplome del precio de la uva de los últimos años. Esta contradicción exige soluciones que pongan a resguardo al productor, porque básicamente es a él a quien va orientado el nuevo potencial hídrico con el que dispondremos los sanjuaninos.
Casi la mitad de nuestra producción vitícola es de uva común en unidades de producción con un promedio de entre 8 y 12 hectáreas de superficie. Las nuevas tendencias de consumo y las leyes de diferimientos impositivos que aceleraron el proceso de reconversión dejaron a este sector afuera del mercado más rentable y de los beneficios fiscales. Además, sin posibilidades de financiamiento no hubo reequipamiento de tecnología productiva (riego y fertilización por goteo, modernización de maquinarias agrícolas, cosechadoras, sistemas antiheladas y antigranizo). La industria del mosto fue tomando la oferta excedente de las uvas comunes porque tiene asegurado un destino exportable. Pero además, nuestras cerezas, criollas y moscateles, tienen las mejores aptitudes enológicas para la elaboración de concentrado.
Si Mendoza hace mosto para regular el mercado, San Juan debe hacer mosto por vocación. De poco sirve un préstamo para cosecha y acarreo sí su devolución se torna imposible por la deprecien del precio de su producto. Tampoco serán útiles medidas de contricción de la oferta como el prorrateo u otras para retener stock hasta que ¿repunte? el precio.
Aquí en San Juan están dados los presupuestos básicos de calidad y cantidad de materia prima y la demanda internacional supera nuestra oferta y está asegurada en el mediano plazo. Con una agresiva política de Estado en materia de industrialización, comercialización internacional y transparencia del mercado, San Juan podría ser la capital mostera del hemisferio Sur. Así como el Gobierno promovió la creación de la industria frigorífica para la exportación de uva en fresco, lo debe hacer con la industrialización del mosto. Y sumar además la concreción de acuerdos internacionales en China y en Rusia -donde cuenta con un comprovinciano embajador-. A esa plataforma económica se le debe garantizar seguridad jurídica para el productor.
Con compromisos internacionales de venta asumidos con anterioridad a la cosecha no hay motivos para que el mercado no tenga precios claros, transparentes y previsibles. Los productores tienen en sus manos la materia prima de un bien que, luego de industrializarse, se convierte en exportable por volúmenes y precios determinados a mediano plazo. Se tiene que crear un título que garantice al productor el cobro del producto en relación al precio de comercialización internacional ya asegurado. Pero además, debe tener un amplio alcance circulatorio en el mercado de capitales (bancario, extrabancario y de títulos valores) y un efecto cancelatorio por deudas fiscales (Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotor, Hidráulica y Tasas Municipales). Así se accederá no sólo al financiamiento para la cosecha sino para la postergada reinversión tecnológica. El "certificado de depósito" y el "warrants" creados por la ley 9643, son un claro y eficaz ejemplo de cómo los productos agrícolas, forestales y ganaderos de la pampa húmeda sostienen un conjunto de variadas operaciones de crédito que su tenedor puede hacer, porque están garantizadas por la futura y segura comercialización internacional de las mismas.