El acto de solidaridad y de culto a la personalidad del líder ausente, realizado el jueves último en Caracas, y dirigido por el vicepresidente Nicolás Maduro, fue parte del acto circense del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tras permitir que el Gobierno pueda tener continuidad pese a que el presidente reelecto, Hugo Chávez, no estaba habilitado para tomar posesión.

La polémica interpretación de la Constitución bolivariana tuvo el aval de varios presidentes latinoamericanos que se presentaron en Caracas para apoyar a la revolución chavista. Tanto José Mujica, Evo Morales y Daniel Ortega, así como el expresidente Fernando Lugo, el vicepresidente de El Salvador y el canciller argentino, entre otros, cometieron el agravio de entrometerse en asuntos internos del país, sobre los cuales los venezolanos todavía no se han puesto de acuerdo ni dirimido sus diferencias, pese a que el gobierno diga lo contrario y amenace o advierta a la oposición de que tomará represalias ante cualquier intento de desestabilización.

El chavismo ha cometido serios atropellos a la Constitución en sus 14 años, pero siempre lo ha hecho a través de los vericuetos que les permiten las leyes, muchas de ellas creadas con ese propósito de transformar sus ilícitos en legítimos, como en diciembre de 2010 cuando la Asamblea Legislativa le otorgo a Hugo Chávez una ley habilitante para que pueda gobernar por decreto durante 18 meses.

Seguramente en estos próximos días mientras la oposición, los académicos, los dirigentes y los ciudadanos venezolanos quieran seguir discutiendo sobre la complejidad de la situación, el chavismo encontrará a través del control de los poderes Judicial y Legislativo, las formas para transformar sus polémicas decisiones y bravuconadas en hechos ajustados a derecho.

Las inconstitucionalidades en Venezuela son moneda corriente en la discrecionalidad del chavismo.

En días previos a la fecha de asunción del nuevo gobierno, las autoridades siguieron manipulando lo establecido por la Constitución, con el único propósito de que el presidente reelecto Hugo Chávez pueda mantenerse en funciones, pese a que se encuentra incapacitado por enfermedad y fuera del país. En estas condiciones la Ley Suprema es muy clara: debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y debió quedar de lado el gobierno que en hasta el jueves 10 de enero estaba a cargo del vicepresidente y canciller Nicolás Maduro.

A partir de entonces y ante la incapacidad de Chávez, de acuerdo al dictado constitucional, Diosdado Cabello, debería convocar a nuevas elecciones y no la artimaña de hacer juramentar a Chávez mediante el Superior Tribunal de Justicia, para sostenerse en el poder. A todo esto, los acontecimientos venezolanos desde la enfermedad de Chávez, se manejan como un secreto de Estado que llena de zozobra e incertidumbre al pueblo, incluyendo a los partidarios del mandatario enfermo, y al mundo expectante de cualquier desenlace.

La desinformación intencionada y la intriga, son las armas preferidas de la propaganda totalitaria que el chavismo importó del régimen cubano, son responsables de la batería de rumores que, con igual intensidad y al mismo tiempo, ubican a Chávez en todos los escenarios posibles.

El ministro de Información, Ernesto Villegas, es responsable directo de una falta de transparencia para desviar la atención acusando a medios independientes, redes sociales y al "entramado mediático trasnacional" de crear "rumores malintencionados", "guerra psicológica" y desestabilización.