Días pasados fue recordado el centésimo aniversario del fallecimiento de Julio Argentino Roca, considerado por la mayoría como el presidente que cambió la historia argentina a través de grandes acciones que tuvieron un objetivo común: poblar el país para hacer que la Argentina tenga un destino de grandeza. Dentro de su labor de gobierno, que se extendió a partir de 1880, durante dos períodos cumplidos en forma no consecutiva, se destacaron hechos de trascendencia como la incorporación de la Patagonia a la nación argentina, después de la Campaña del Desierto con la recuperación de 20.000 leguas de tierras fértiles y su enérgica defensa a la inmigración europea, que lo llevara a cumplir efectivamente con la Ley de Inmigración, sancionada en 1876, que se ajustaba a lo que Roca pretendía para esa época.

En 1884, al dirigirse ante la Asamblea legislativa dejó en claro cuál era la situación en relación al despoblamiento del país y el rol que debía asumir el Estado nacional. Dijo Roca que "la inmigración no aumenta en la proporción que nuestra necesidad de brazos lo exige…”… "Pienso que es imprescindible reaccionar contra este sistema que considero erróneo. Esperar a que el jornalero, el agricultor, las clases obreras del viejo continente que sienten la imperiosa necesidad de emigrar en busca de trabajo, fortuna y bienestar, al amparo de nuestras leyes protectoras, cuenten con recursos propios para trasladarse a nuestro suelo, es condenarlos a la lenta progresión anual que venimos observando desde tiempo atrás, retardando así sin motivo el acrecentamiento de la población, y como consecuencia inmediata, el de la riqueza nacional. Consolidadas nuestras instituciones y garantida la paz por muchos años, todos nuestros esfuerzos deben tender a traer el mayor número de brazos y capitales+

Tras esa manifestación, se puso en vigencia efectivamente lo que establecía la Ley de Inmigración, que otorgaba a personas que ingresaban al país, concesiones para traer elementos de trabajo sin pagar impuestos, residencia sin costo en el Hotel de Inmigrantes y traslado gratuito hasta el sitio que fijaran para residir. Esto posibilitó que personas provenientes de distintos puntos de Europa (sobre todo, de España, Italia, Alemania y Francia) ingresaran en un número cercano a las quinientas mil.

Actualmente, en un contexto totalmente diferente, el tema de la inmigración está nuevamente en el tapete, pero esta vez en relación a la reforma del Código Procesal Penal propiciada por el Gobierno Nacional que contempla, entre otros puntos, la expulsión y prohibición de ingreso al país, por hasta 15 años, de los extranjeros que sean sorprendidos en flagrancia cometiendo delitos.

La causa de esta medida propuesta es la preocupante inseguridad que reina en el país y que obliga a iniciar acciones contrarias a la de la época de Roca, en la que el país comenzaba a delinear su perfil más progresista.

Hay que destacar que durante el primer gobierno de Roca, la Argentina alcanzó un esplendor que la distinguió en el concierto de las naciones. Una de las primeras medidas de gobierno fue la federalización de Buenos Aires. También durante su gestión se sancionaron, el Código Penal y el de Minería, se reformaron los Códigos Procesales y los de Comercio. Se dictó la ley que establecía la creación del Banco Hipotecario Nacional, la de administración de los territorios nacionales, y las que organizaban los tribunales de la capital de la república.

Dentro de su obra legislativa consiguió la sanción de la Ley 1420 o de educación común, que consagró la enseñanza laica, obligatoria y totalmente gratuita entre la edad de 6 a 14 años. Para el control de la calidad educativa y de los fondos destinados a ella, creó el Consejo Nacional de Educación, como ente dependiente del Ministerio de Instrucción Pública.

La inmigración pretendida para entonces se vio incentivada por el accionar de un Estado que se constituyó en un verdadero desarrollador de la economía argentina y por un notable aumento de las inversiones británicas que hicieron posible el crecimiento de sectores como los ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. En poco tiempo una verdadera telaraña de vías cubría la Pampa húmeda llevando los productos agropecuarios a los puertos, generando la gran transformación del país al llegar cientos de miles de inmigrantes atraídos por "el granero del mundo”. De ese total, el 90% se instaló en el litoral y de ellos sólo una cuarta parte, en el campo. Esto desbordó la población de las ciudades, que adquirió una nueva fisonomía.

Ante este nuevo esquema de sociedad, durante el segundo período de gobierno de Julio Roca -comienza a partir de 1898 después de un paréntesis en el que lo sucedieron, con poca fortuna, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu- se iniciaron acciones concretas para controlar las concentraciones obreras que habían comenzado a generar problemas y conflictos, debido a la desfavorable situación en que se encontraba el país. Para ello se había dictado la Ley 4144, conocida comúnmente como la Ley de Residencia, que permitía la expulsión del país de los activistas gremiales, algo un poco más parecido a lo que propone la reforma del Código Procesal Penal, aunque ahora con los inmigrantes.