El déficit de las condiciones alimentarias, es decir el hambre, y el déficit educativo en los más pequeños, son problemas pendientes del Estado con la sociedad argentina. Así ha quedado documentado en un informe de la Fundación Arcor, presentado recientemente en la ciudad de Rosario, bajo el título "Condiciones de vida de la niñez y adolescencia".

El estudio avanza sobre la evaluación y monitoreo del grado de cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas (1989), en los grandes conglomerados urbanos de nuestro país. Más específicamente, se explaya sobre las dimensiones de derechos claves e inalienables, como son las condiciones materiales de vida y los procesos de educación a los que está obligado el Estado.

Si bien en los últimos años la economía argentina ha experimentado niveles importantes de crecimiento y muchos indicadores sociales están dando señales de progresos significativos, aún persisten grandes desigualdades sociales y una deuda social muy importante a nivel de la niñez urbana. Según el estudio, un 9% de la infancia y adolescencia urbana vive en hogares que experimentan frecuentemente episodios de hambre; alrededor del 17% vive en hogares con problemas severos de habitabilidad; un 12% vive en una villa y no tiene acceso a los servicios básicos; otro 30% no tiene cobertura de salud a través de una obra social y tampoco tiene un hospital público cerca de su casa.

La educación y socialización es otro de los flancos débiles según observa el informe, ya que todo depende de las posibilidades económicas de las familias, no existiendo casi alternativas para los sectores de más bajos recursos, a pesar que la Ley de Educación establece que los chicos entre 2 y 4 años deben tener una educación temprana. Sin embargo hasta ahora esa garantía es incumplida, enraizándose allí una de las grandes diferencias entre los sectores sociales.

Frente a la carencia de informes oficiales, este trabajo bien sirve para advertir con crudeza los niveles de déficit y desigualdad social en el cumplimiento de los derechos de los niños. También debería servir para que se proceda a diseñar políticas para mitigarlas.

Urge avanzar con proyectos que tengan un sentido de máxima responsabilidad, contraponiéndose al asistencialismo que se ha venido efectuando en los últimos años, sin resultados positivos.