Las leyes que violan preceptos constitucionales de no legislar en contra de la libertad de prensa, persecución judicial y el acoso económico para debilitar a los medios y quedarse con su propiedad, como ocurre en Venezuela, ha sido norma constante.

Más allá de los abusos, el problema es que estos gobiernos han tenido éxito para confundir al público sobre el rol del periodismo independiente en la sociedad, destruyendo una incipiente cultura sobre libertad de prensa que comenzó a gestarse con las nuevas democracias. Que existan medios y periodistas malos, como en cualquier otra disciplina es normal, pero de ahí a justificar ataques contra la crítica, el disenso y la opinión, es una contradicción al mandato gubernamental.

Ante esta confusión, valga recordar por qué son necesarios los medios privados en un ambiente en que los políticos, en general, los consideran imprescindibles para la democracia cuando son oposición y una amenaza cuando están en el gobierno. El caso del prócer estadounidense Thomas Jefferson, sirve de ejemplo. Cuando resistía el poder colonial del rey Jorge III de Inglaterra, dijo preferir periódicos a gobiernos, hasta que fue presidente y, harto de las críticas, condenó reiteradamente a la prensa.

Aquel estilo "’jeffersionano” de tensión entre medios y gobiernos, fue natural en la evolución de la prensa en las Américas, desde que era subsidiada y servía como vocera de partidos políticos, hasta que se benefició con la irrupción de las tecnologías de la comunicación que antecedieron a Internet, como el telégrafo, las imprentas para periódicos, la radio y la televisión, haciendo más barata y rápida la confección y distribución de noticias.

Aquella masificación informativa y el desarrollo tecnológico introdujeron la publicidad y las suscripciones, lo que permitió a los medios tener rentabilidad y ganar independencia, despegándose de subsidios y favores gubernamentales. Ello permitió mantener la operación compleja y cara de producir noticias, aumentar la profesionalización y, por contrato social, convertirse en un "’cuarto poder” para fiscalizar a los tres poderes públicos, exigiéndoles rendición de cuentas frente a los ciudadanos, los verdaderos dueños del Estado.

Engañar sobre que los medios privados no deben ser rentables como predican Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, o que comunicar la verdad es solo posible a través de los medios estatales, es solo un justificativo para agrandar sus aparatos de propaganda y beneficios electorales. En Venezuela, el acoso económico contra Globovisión mediante multas, la presión a los anunciantes privados y amenazas de no renovación de la licencia de operación, es un ejemplo más de un modelo malversado y que busca imponer dueños allegados al gobierno para silenciar la crítica y neutralizar la independencia.

Por ello las nuevas leyes de protección a la libertad de prensa son medidas extraordinarias para que se cumpla con la Constitución, que impone límites y controles a los gobiernos para que no puedan cometer abusos contra las libertades individuales y sociales, incluidas las de prensa y expresión.

Aunque todos los gobiernos se digan respetuosos de la libertad de prensa, solo existe plenamente en aquellos países donde, desde el poder, se incentiva la abundancia de medios privados comerciales y se respeta que puedan operar con libertad e independencia con una rentabilidad razonable.