En el siglo XIX, democracias nacientes, como la nuestra, pusieron fin a la esclavitud y luego la comunidad internacional se unió para abolir esta afrenta a la humanidad con legislaciones y acuerdos que garantizaban la libertad como un derecho supremo. Pero el sometimiento se mantuvo latente y resurgió con la llamada esclavitud contemporánea agravada con formas más perversas y violentas, al intervenir poderosas organizaciones delictivas.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha denunciado que alrededor de 21 millones de personas viven en condiciones de esclavitud y exigió a todos los países que tomen medidas para terminar con el flagelo. El trabajo forzoso genera cada año beneficios de 150.000 millones de dólares, y de esa cantidad, dos tercios proceden de la explotación de personas -principalmente mujeres y niños- en las industrias del sexo y del entretenimiento, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es así que mujeres son traficadas, vendidas y encerradas en burdeles, niñas que son casadas a la fuerza, abusadas sexualmente o explotadas como sirvientas y hombres jóvenes, apartados violentamente de sus familias, son encerrados en fábricas clandestinas donde trabajan jornadas extenuantes por salarios despreciables. Ban también denunció que continúa habiendo niños que trabajan en condiciones espantosas pese a que hace ya 25 años que la ONU aprobó la Convención de los Derechos del Niño.
El llamado a gobiernos, organizaciones civiles y al sector privado, para unirse para erradicar esta afrenta a la humanidad, con estrategias claras, legislaciones nacionales contundentes y un compromiso para coordinar la lucha contra estos crímenes, tuvo repercusión en la Santa Sede. El papa Francisco y otros líderes religiosos del mundo firmaron el martes en el Vaticano una declaración conjunta en la que se comprometen a erradicar antes de 2020 todas las formas de esclavitud moderna y trata de personas.
La iniciativa, promovida por Bergoglio y el primado anglicano Justin Welby, fue suscripta por representantes ortodoxos, anglicanos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes. La propuesta será enviada también a 50 grandes multinacionales para que garanticen que en sus empresas no hay esclavitud ni trata de personas y se hará extensiva a 162 gobiernos para que apoyen públicamente el acuerdo antes de fin de año y, en forma conjunta, al G-20.
Es la de la violación mas aberrante de los derechos humanos y un estigma social.
