Sin conocerse todavía las cifras finales de 2014, el efecto de la subsidiaridad estatal sigue distorsionando la economía, según las cifras oficiales que se contraponen con los anuncios de mediados del año pasado, de ir paulatinamente sincerando esas erogaciones para transparentar y equilibrar el gasto público. Son los recursos presupuestarios al margen de los destinados al gasto social, que sin duda tienen un cometido para atender a sectores desprotegidos.

Lo preocupante son los subsidios a sectores económicos, que crecieron un 67% interanual en los primeros once meses del año pasado, totalizando 156.000 millones de pesos de acuerdo al seguimiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Este aumento, junto a la compra de acciones de YPF por parte del Estado nacional, determinó que el gasto primario muestre una suba récord de 51,7% interanual. Es decir, la compra de los papeles de la petrolera potenció los gastos primarios en 40.000 millones de pesos en el rubro "Inversión financiera”, pero si se descuenta el factor excepcional, la tasa de crecimiento de los gastos primarios entre enero y noviembre fue de casi 50%, lo que es un registro sin precedentes.

De acuerdo al informe, la mayor parte obedeció al incremento de las transferencias para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y del sector privado por más de 193.030 millones, arrojando una suba del 70% interanual. En particular, se evidenció un impulso más acelerado en las transferencias para gastos de capital con una suba de 86% en once meses. La mayor parte de los subsidios fueron destinados al sector energético, que recibió 113.000 millones, o un 75% más que en igual período de 2013, en tanto, cerca del 88% de los subsidios energéticos se concentraron en sólo dos empresas: Cammesa con $ 64.160 millones y Enarsa con $ 35.600 millones, que atienden las tarifas de energía en el área metropolitana y la compra de gas importado para abastecer el mercado interno.

También el apoyo al transporte superó el 53%, para atenuar la suba tarifaria y otros servicios públicos superados por la inflación y los costos laborales. Este panorama plantea un barril sin fondo que atenta contra todas las predicciones de crecimiento y de la esperada inversión para encauzar las variables de la economía.