A la Organización de los Estados Americanos (OEA) se le pueden criticar muchos desaciertos políticos y diplomáticos frente a conflictos históricos, pero jamás poner en duda la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ya que ésta trabaja en forma independiente y con autonomía operativa carente de condicionamientos circunstanciales.
Esta libertad para investigar, documentar y denunciar los atropellos que se cometen en la región contra los derechos y garantías democráticas, es lo que irrita y rechazan los regímenes de izquierda, dispuestos a dar batalla hasta la disolución de la CIDH, según lo manifestado en la 42 Asamblea General de la OEA, celebrada recientemente en Bolivia. Es más, las voces de los presidentes Rafael Correa, de Ecuador, Evo Morales, de Bolivia, y el canciller venezolano en representación de Hugo Chávez, dieron un ultimátum para que se "refunde” la comisión bajo supervisión gubernamental es decir de los investigados, o directamente que desaparezca.
Lo que tanto molesta a los regímenes autoritarios, es un pequeño órgano de siete juristas que funciona dentro de la OEA, pero absolutamente independiente y es considerada como la "joya” de la Organización por su trabajo irreprochable contra el absolutismo y las dictaduras en los últimos 30 años, con elogios de entidades mundiales de derechos humanos y de estados democráticos. En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una estrecha política de cooperación con la CIDH y hasta condecoró a sus miembros por la actuación durante la última dictadura militar.
Sin embargo esta posición se ha debilitado, de acuerdo a las expresiones del canciller Héctor Timerman, que tras elogiar la labor de la Comisión dijo que "llegó el momento de aplicar modificaciones”. Este sorprendente giro causó conmoción en Washington, por tratarse de una variante insólita en la prédica de derechos humanos de nuestro país, avalada por la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que se sumó a los ataques de izquierda observando que "no veo mal que se hable de reformar a la CIDH o, incluso, crear otro organismo paralelo a ella, pero sin los Estados Unidos”.
En los hechos sería arriar las banderas locales de los derechos humanos o dar garantías selectivas a las libertades fundamentales. De lo contrario, nuestro gobierno ha cedido a las presiones de los socios ideológicos del continente para que se termine con la fiscalización de sus atropellos.