En respuesta a la solicitada de UDAP, publicada en este diario considero que se trata de un bochornoso texto con el que se pretende justificar una falacia y que merece ser respondido: Así la solicitada cita la "carátula" de un expediente judicial para justificar una situación que, sin menoscabar la condición de dolorosa, no se encuentra probada.

De igual modo la solicitada cita "alegremente", que son derechos de los docentes los de "libertad de cátedra y de enseñanza", sin precisar que tales derecho están consignados en "garantía de la objetividad que debe tener un docente como formador" para el caso de que se intente imponer políticas educativas que distorsionen o quieran "aleccionar" a los educandos y no para permitir la difusión en un ámbito tan sensible como el aula, de visiones o predicamentos sesgados y parcializados, que es lo que el gremio pretende con la acción que intenta.

Debo recordar que en Argentina, desde el retorno de la democracia, ha habido, en diferentes gobiernos de distintos colores políticos, aproximadamente veinticinco casos de desapariciones como las de Santiago Maldonado. Pero nunca UDAP (léase CTERA) abogó con una campaña como la actual de "esclarecimiento". Continúa citando la solicitada la ley y su Art. 12, donde expresa como uno de los objetivos de la política educativa "Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores de la Democracia, la República y el federalismo, basada en el conocimiento y el respeto a los Derechos Humanos Fundamentales, a la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que regulan su ejercicio" y cita asimismo el Convenio Interamericano sobre Desaparición Forzada de Personas.

Lo que llama poderosamente la atención es que, en vez de utilizar a Maldonado, un caso todavía no resuelto judicialmente, no se hayan preocupado en hacer talleres acerca de lo que pasa en el hermano país de Venezuela, en donde, tanto la ONU como Amnistía Internacional, ya se han expedido de forma categórica en el sentido que ha "existido una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado" y existen casos documentados sobre el asunto. De paso aprovechar para explicar cómo se subvierte el orden constitucional y se atenta contra el sistema democrático (también objetivos consignados en la ley) a través de la adopción de decisiones tendientes a eliminar las voces disonantes e instaurar una dictadura.

Sobre esta cuestión nada han expresado ni UDAP en San Juan ni CTERA a nivel nacional (quizás sea por la afinidad ideológica con dicha dictadura).

Queda claro entonces que el gremio en la provincia no es más que un peón político de fuerzas nacionales dispuestas a todo, en el medio de la campaña electoral.

Por último, insto a los docentes de buena voluntad a seguir en la noble tarea de formar personas rectas, enseñándoles el espíritu crítico, sin banderías políticas o visiones distorsionadas de la realidad.

 

Por Dante B. Montes.- DNI 13.107.056