La crisis política que atraviesa Brasil, impacta de lleno en la mayor economía sudamericana. Las medidas adoptadas por el gobierno interino de Michel Temer, en las últimas semanas, apuntan principalmente a superar el drama social a fin de reintegrar al mercado laboral a más de once millones de desocupados, mientras el empresariado busca superar dudas sobre un futuro incierto.
Todo se plantea en la emergencia desde el 12 de mayo último, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue separada del cargo, mientras el Senado la somete a un juicio político destituyente ante el cúmulo de denuncias sobre corrupción y despilfarro en las cuentas públicas, que involucra a la mandataria suspendida y su cuestionando equipo de gobierno.
El nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, debió salir al cruce ante las serias preocupaciones del sector económico, sosteniendo que el ritmo de crecimiento del país volverá en la medida que se vayan cumpliendo las propuestas económicas de Temer, que incluyen una fuerte reducción del gasto público, verdadero lastre de la gestión heredada por el interinato presidencial. Pero las correcciones llevarán más tiempo del que necesita el aparato productivo para revitalizarse, por lo menos para retornar a los parámetros de crecimiento previstos.
En un encuentro organizado por la Cámara Francesa de Comercio en Sao Paulo, el ministro destacó que el Gobierno está dedicado en estos momentos a realizar una evaluación realista de la situación económica, y admitió que habrá un déficit fiscal récord de unos 47.222 millones dólares, nada menos que el equivalente al 2,75 % del PBI. La incertidumbre de los inversores es mayor, porque saben que se transita un período condicionado por el juicio político, y seguramente con anticipado llamado a elecciones para normalizar políticamente al país.
Peor es el panorama en el plano internacional, en particular frente a las negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo con el Mercosur. Varios eurodiputados plantearon ante Bruselas que se congele cualquier entendimiento con Brasil, debido a la falta de legitimidad democrática del nuevo gobierno. Afirman que el mandato de Rousseff sólo puede ser cambiado mediante el único método aceptable: las elecciones. En esta coyuntura la réplica es Argentina, arrastrada como principal socio económico regional.