El intempestivo proyecto de ley del diputado oficialista y abogado de la CGT, Héctor Recalde, para que las empresas compartan sus ganancias con los trabajadores, viene cosechando múltiples rechazos porque de concretarse se convertiría en un verdadero atropello a disponer de la propiedad privada y de ejercer una industria lícita, como garantiza la Constitución Nacional.

Una iniciativa de esta magnitud, sin un estudio enmarcado en el Estado de derecho y tampoco sin consenso empresarial, apunta más a la intromisión sindical en el gerenciamiento de las empresas que a generar más empleo y desarrollo como argumenta el legislador y apoderado cegetista, en su arremetida con aval kirchnerista, ya que hicieron públicos sus respaldos al insólito proyecto los ministros de Trabajo, del Interior y el jefe de Gabinete, como también sectores pymes afines al Gobierno nacional.

La propuesta de Recalde otorga a los sindicatos las facultades de fiscalización y de información que ni siquiera disponen los accionistas de las firmas, lo que constituye una interferencia preocupante en la política empresaria y su proyección en inversiones genuinas que hacen a la competitividad y el crecimiento, auténticos generadores de empleo digno, ya que una empresa en expansión es un freno al trabajo en "negro".

El proyecto de Recalde prevé distribuir un 10% de las utilidades de las empresas, de los cuales un 2% iría a un fondo para desocupados administrados por el Ministerio de Trabajo y los gremios, sin definir cuáles serán alcanzadas por la Ley, pero sí indica que ingresarán todas las que tengan más de 300 trabajadores en una primera etapa. Además se conforma un consejo tripartito (Estado, empleadores y trabajadores) que va a definir las ganancias, atendiendo asimetrías regionales y estructuras de costos a fin de determinar los porcentajes a repartir con el personal.

Además de transgredir principios constitucionales, el cuestionado proyecto genera interrogantes políticos, fiscales, comerciales y económicos debido al intervencionismo. Con cargas impositivas que exceden la media mundial, tarifas y precios congelados o acotados caprichosamente, mercados externos restringidos y estadísticas oficiales inciertas, la cogestión sindical es un salto al vacío cuyas víctimas serán los trabajadores que la CGT dice defender.