El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la mayor contaminación de la Argentina y uno de los focos más insalubres del mundo, se ha transformado en una utopía por la desidia de quienes deben actuar. El cuadro de abandono se ha deteriorado con la reaparición de los basurales a cielo abierto que habían sido erradicados.

La falta de compromiso de los gobiernos involucrados en los trabajos a través del ente específico, ha llevado a un retroceso lamentable. Es así que una auditoría de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en once municipios involucrados ha revelado que el 70% de los basurales erradicados, se han vuelto a formar. Y, precisamente, los basurales es el problema más grave porque atentan contra la salud de millones de pobladores.

El caso del Riachuelo es paradigmático, con hitos históricos en las últimas décadas desde los mil días del compromiso menemista jamás cumplido al fallo sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de julio de 2008 que determinó quiénes son los responsables de llevar adelante el saneamiento y el plazo de ejecución de las obras, dejando abierta la posibilidad de imponer multas por incumplimiento.

La respuesta del Tribunal fue a una demanda, presentada en 2004 por daños y perjuicios contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas, después ampliada a los 14 municipios bonaerenses atravesados por el curso de agua putrefacta. La Corte había dispuesto 180 días de plazo para eliminar los basurales y avanzar contra los otros focos contaminantes, como el centenar de fábricas que volcaba líquidos cloacales a las aguas.

La frustración del grupo de vecinos que llevó el problema a la Corte Suprema de Justicia, al haber fracasado hace una década todas las instancias administrativas y judiciales referidas a la contaminación de la cuenca, ha entrado en una vía muerta por el desinterés manifiesto de los responsables de hacer la limpieza de la cuenca y hasta de la misma Justicia en su papel de contralor.

Ahora los damnificados anunciaron que llevarán su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en el país a nadie parece importarle el Riachuelo, menos a los ambientalistas ideológicos antimineros.