El aumento de la delincuencia juvenil nos remite al problema de los menores desatendidos, y en muchos casos a los jóvenes que el Estado no ha sabido educar en el compromiso con los demás y con su comunidad, y cuyos actos violentos no se sabe contener más que por vía de la segregación institucional.

Un reporte de Unicef, de la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia indica que en 2007 se alojaba a 1799 muchachos y jóvenes en relación con causas penales. Un tercio de los establecimientos donde permanecían eran gestionados por instituciones no especializadas, como policías y servicios penitenciarios provinciales; el 85% de los lugares era de régimen cerrado y en todos ellos se comprobaron dificultades para el pleno acceso a derechos. Por ejemplo, el 21% de los alojados ni siquiera tenía DNI.

La rotación de la población juvenil, además, sugiere que semejante vivencia es experimentada por un universo de jóvenes mucho mayor. También es cierto que un porcentaje importante de la población penal adulta, alrededor de 60.000, pasó por una institución de menores durante su niñez o juventud. Las cifras muestran que ya existe un considerable número de jóvenes en conflicto con la ley penal que son regularmente captados y privados de su libertad por las instituciones del Estado en condiciones cuestionables. No son pocos, y bajar la edad de la imputabilidad autoriza a pensar que podrían ser aún muchos más, y más jóvenes.

La realidad del sistema penal juvenil exige repensar qué respuestas se están ofreciendo, antes de concluir que es necesario ampliarlas. En lugar de expandir el castigo, debería extenderse el sistema de prevención y protección de derechos, reservando a la pena su lugar de último recurso. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ha estimulado el empleo de algunas alternativas, como los programas de acompañamiento a los jóvenes en sus familias o comunidades de origen, o la reducción de regímenes cerrados. Renunciar a este camino y en cambio hacer principales responsables penales a adolescentes y jóvenes sólo opaca los deberes del Estado y de los adultos frente al delito juvenil. El derecho penal debe verse como el último recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado.

Habría que preguntarse si se ha hecho todo para garantizar la escolaridad, la salud, la nutrición y el ambiente sano de los adolescentes y jóvenes.