Sacan cuentas provincias y municipios haciéndose los rulos sobre cuánto de la renta sojera podrá tocarles, aunque parece más prudente no vender la piel del oso antes de cazarlo.
Lo que ocurre es que el partido no terminó: quedan aún demasiados parámetros sueltos como para sacar una cuenta sobre lo que habrá para cada uno. Pero aún así, ya se difunden tablitas sobre el porcentaje coparticipable aplicado al monto en disputa, de donde surge por ejemplo que para San Juan podrían quedar unos $210 millones adicionales. Y luego los municipios se ilusionan con el derrame hacia sus territorios de esos hermosos billetes que llegarán a las provincias por el decreto de necesidad y urgencia.
Habrá que decir que todo está por verse. Primero, porque la cuenta que se saca tiene que ver con un cálculo aplicado a lo que exportó el sector sojero el año pasado, caracterizado por los cortes y las huelgas pero que, sin embargo, tuvo un muy aceptable rendimiento económico a la hora del balance.
Esos U$S 1.800 millones que las provincias sueñan con disponer este año son el traslado de un cálculo de lo que liquidaron en 2008, una suma que nadie hubiera imaginado en un marco tan conflictivo. Pero este año, por más que se serenen los ánimos, no parece volver a ocurrir. Especialmente, porque los rindes por hectárea han bajado dramáticamente por la sequía en la cosecha que se está levantando: la trilladora que entra a los lotes saca 22 quintales por hectárea (2,2 toneladas), mientras el año pasado esas mismas parcelas estaban dando no menos de 30.
Luego está el clásico irresuelto del conflicto con el campo, para saber cuánto tocará a las provincias. Por más que el decreto ya está firmado y publicado en el Boletín Oficial, habrá que esperar par saber si el Gobierno Nacional no debe dar marcha atrás con el porcentaje de retenciones que cobra a la soja, y con ello también retroceder en su concesión a las provincias.
En criollo, en el pulso más o menos firme en este conflicto está el futuro de este fondo, con un cierto manejo del ánimo de los gobernadores que ahora se enrolan del lado oficial por cuestión de supervivencia. Por lo tanto, no conviene ir cortando la presa en tajadas.
Un informe de la Fundación Mediterránea sobre "ganadores y perdedores" de la decisión presidencial expone con crudeza los argumentos de los que reclaman. En esa lista figuran las provincias productoras de soja de un lado y las no productoras por el otro, cada una con su propio cálculo con lo que aportan al fondo especial y lo que reciben de él. Obviamente, las no productoras -entre las que figura San Juan- son las más beneficiadas.
El decreto volvió a encender la mecha, e incluso motivó el nuevo paro agropecuario que se vivió esta semana. Con la medida, el gobierno apuntó a la línea discursiva que se queja porque los recursos de las retenciones no vuelven a las provincias, pero esta vez el reclamo se inclinó hacia lo que consideran un criterio de justicia y que consiste en beneficiar a las que más aportan. ¿Por qué -se preguntan- deben recibir esos fondos las provincias que no producen soja?
Hay allí cierto espíritu separatista, propio de los reclamos de las zonas más ricas de un país, cuando el sentido nacional se orienta al de compensar con esos recursos a las regiones más pobres. Que puede ser encontrado en las regiones agraciadas de España como el País Vasco y Cataluña, o en la medialuna boliviana que se resiste a compartir la renta gasífera con el altiplano.
Cualquier país en orden consigo mismo tiende a compensar a los lugares más necesitados con los impuestos que se perciben en los que generan más riqueza. No es otra cosa que eso la promoción industrial y agrícola, donde el Estado prescinde de cobrar impuestos en una zona, que en otras no perdona.
Siguiendo la lógica de aquella tabla entre supuestos ganadores y perdedores, habrá que aclarar que no es la soja el principal proveedor de retenciones por exportación. Son los hidrocarburos, que si bien no se coparticipan a las provincias sí son aplicados a intereses nacionales muy por encima de los intereses de las provincias productoras, como por ejemplo levantar pagos de bonos de la deuda.
Y a este ritmo, San Juan en cualquier momento pasa del otro lado en la lista de las que ponen más de lo que reciben. No de la soja pero sí de otro commoditie como el oro que también se exporta en su casi totalidad -aunque paga retenciones muy menores a la soja- y su producto va al superávit nacional del cual también se beneficia Santa Fe.
Hasta las provincias de mayor tradición sojera salieron a apoyar la medida, en este caso con un broche en la nariz. Es que cada distrito debió adherir explícitamente, en una disposición del gobierno nacional que se pudo haber evitado y que tuvo la intención de ponerle los reflectores a los gobernadores, aún los más opositores, haciendo morisquetas por el dinero.
En San Juan, Gioja decidió adherir por ley de necesidad y urgencia, que evita una aprobación urgente de la Legislatura. Allí, el basualdismo, que funciona como único bloque de oposición con 4 miembros tiene integrantes que lo apoyarán, como el camionero Castro.
Las provincias están esperando estos recursos con ansiedad, por dos razones. La primera, porque sus cuentas se dirigen a un año en rojo, el primero en la secuencia de varios ejercicios superavitarios. Por más federalismo que se invoque en las embestidas opositoras, la realidad es que los últimos fueron los mejores años para las cuentas provinciales en mucho tiempo, con balances ordenados con más ingresos que gastos, alta inversión pública y una importante capacidad de ahorro que, como San Juan, permitió formar un fondo anticíclico de dos grillas salariales. Algo insospechado 8 años atrás, cuando el "goteo" coparticipable no alcanzaba ni para el teléfono.
Pero ahora, las cosas son bien distintas. San Juan presupuestó un ejercicio 2009 con un aumento de gastos del 26%, pero se encuentra con que los recursos que le llegan de la Nación -su principal vía de financiación- fueron apenas un 6% mayores al año pasado. Para completar el panorama, muchas provincias comenzaron a conjugar nuevamente la palabra maldita de aquellos años recientes, ajuste. Y se escucha otra más: cuasimonedas, esos papeles pintados con que las provincias acompañaron la debacle de la Alianza en supuestos tiempos de federalismo (o al menos en tiempos en que nadie se quejaba por su ausencia).
El fondo sojero viene con otra trampa, además de la de la poner a confrontar las necesidades de chacareros con gobernadores. Tiene acuñado un destino incontrastable, como el construir obras. Pero como todo en este país, ese objetivo que se propone la norma será borroneado y el dinero entonces quedará reorientado a tapar los baches de las cuentas provinciales.
Aunque hacerlo sería malversar los fondos públicos, nada impide que ese fondo sojero vaya a financiar obras que ya están empezadas con recursos provinciales, lo que permitirá que ese dinero pueda quedar disponible donde los apremios provinciales lo indiquen.
Tampoco habrá nadie que se encargue de auditar que tan noble propósito de orientar el fondo sojero a obras no termine pagando aumentos de sueldos. También ocurre a menudo en este país eso de las leyes incumplidas. Como la Constitución, que ordenó una nueva ley de reparto de fondos con las provincias hace nada menos que 15 años.