A medida que la evolución tecnológica y la globalización son parte de nuestra vida, las libertades supremas se ven lesionadas por normas que los gobiernos justifican en nombre de la seguridad nacional. El Estado de derecho está cediendo terreno a los servicios de seguridad ante las amenazas terroristas, aunque muchas veces el espionaje es parte de las estrategias políticas. Lo hizo Estados Unidos con la ciudadanía en general y hasta con mandatarios extranjeros que considera aliados y para llegar a las fuentes de las investigaciones periodísticas y de los movimientos financieros.
Ahora es el gobierno británico el que presentó un controvertido proyecto de ley de vigilancia cibernética que permite el acceso al historial de navegación de los usuarios de las redes sociales. La iniciativa, rechazada por entidades de derechos humanos y defensoras de la privacidad de las personas, es una violación de la intimidad ya que obligará a las empresas proveedoras de Internet a almacenar durante 12 meses las direcciones electrónicas de los sitios web que visitan los usuarios y los términos introducidos en los buscadores. La información la deberán proporcionar al Gobierno las veces que lo requiera.
Para el primer ministro, David Cameron, el almacenamiento de las comunicaciones es esencial para las investigaciones de la Policía y de los servicios de seguridad y, en la misma línea, la ministra de Interior argumentó que los servicios secretos necesitan ese poder para combatir a los grupos terroristas y las organizaciones criminales que han convertido a la red en un lugar seguro donde esconderse y comunicarse entre ellos. Pero el ciudadano común ya no tendrá intimidad.