El juez federal subrogante de Concepción del Uruguay dispuso que se garantice el libre tránsito en el puente internacional General San Martín, recordando que ya existían tres órdenes judiciales para liberar ese paso vital, interrumpido desde el 20 de noviembre de 2006, sin que el Gobierno nacional actuara en consecuencia por entender que no era la oportunidad política para hacerlo.

El jueves el Gobierno, replicó que no notificará este fallo sino que el Estado se presentará como querellante, denunciando penalmente a los asambleístas. Ante esta embestida, los asambleístas advirtieron ayer que si son acusados en la Justicia denunciarán a funcionarios nacionales como partícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyó el jefe de Gabinete. Se basarían en los apoyos que en su momento brindaron a la protesta varios ministros, funcionarios y gobernadores, además de la "asistencia económica indirecta", por lo que alcanzaría a la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, al ex mandatario Néstor Kirchner, según expresaron los manifestantes.

Lo cierto es que frente a los cuatro oficios judiciales, en 2006 el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, notificó a los jueces que proceder al levantamiento del corte era una decisión privativa de su cartera. Para mayor contundencia, se sumó después, el 5 de mayo de 2007, el ex presidente Néstor Kirchner afirmando que la protesta de Gualeguaychú era "una causa nacional”, sin observar lo indicado en la Constitución Nacional y el Código Penal, donde se establece el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.

Ahora la Casa Rosada considera que existe el fallo del Tribunal de La Haya, la voluntad política de recomponer relaciones con el nuevo gobierno de Uruguay y un debilitamiento de la protesta en cuestión.

La construcción de la pastera uruguaya era vivida como una amenaza tanto real como simbólica, y frente a ese peligro ecológico, la política oficial no tuvo iniciativas, excepto el rédito circunstancial. No se buscó priorizar el diálogo paciente y perseverante con la Asamblea.

La extraña aventura, que lleva tres años y medio, es un síntoma del cuadro de impunidad y temor a hacer cumplir la ley, que se ha instalado en algunos ámbitos del país. El Gobierno debería reflexionar sobre la magnitud del precedente que ha asentado, primero con su aliento y luego con su proverbial desaprensión.