España probabiliza algunas alternativas en educación pública en una coyuntura que le permite al gobierno de Mariano Rajoy un ensayo progresista de medidas complejas en áreas muy susceptibles, impulsado por la grave crisis que afecta al país.
La idea pretende otorgar a los centros escolares mayor margen para decidir "qué y cómo enseñar, cómo gastar el dinero, elegir a los profesores e incluso, negociar con ellos su sueldo”, sosteniendo sus impulsores que en ese contexto las cosas irían mejor. El impulso es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que viene recomendando la autonomía de los centros escolares como "una de las más eficaces herramientas para mejorar los resultados educativos”. La problemática educativa indica que los centros de poder español son atraídos por las mismas circunstancias, cada cual con su propia exposición. España ha mostrado insistencia con sus particularidades y quienes aprovecharon las coyunturas fueron los gobiernos del PSOE y los del PP, con matices muy distintos, condicionados por la realidad del país, considerando la difícil situación por la que atraviesa la estructura funcional de los docentes de la escuela pública.
El Ministerio de Educación, ha realizado una serie de propuestas en torno a esa idea de autonomía desde otra perspectiva, generando discusiones importantes. Una de ellas referida a los consejos escolares de los centros, representados por padres, profesores, alumnos (en los institutos de secundaria) y otros trabajadores, que pasarán a ser meramente "consultivos”, dejando las funciones decisorias a los equipos directivos. El gobierno pretende clarificar las funciones de cada uno para que todo funcione de forma más eficiente, pero la falta de concreción de la propuesta genera dudas y discusiones, con voces opuestas que la consideran anticonstitucional.
La idea de inviabilidad de la propuesta ministerial surge en la oposición contra la pretensión de limitar el asesoramiento al consejo escolar, ya que el artículo 27 de la Constitución Española, establece que profesores, padres y alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. En medio de la crisis, el bosquejo sobre los centros escolares está en el tapete y puede generar muchos dolores de cabeza al actual gobierno español.