Cuando se habla de la herencia de los doce años de gobiernos kirchneristas, recibida por la actual gestión, los temas predominantes parecen circunscribirse al déficit público, la corrupción delictiva y los atropellos institucionales propio de la prepotencia instalada en el poder. Sin embargo existen otros déficits que alcanzan de lleno a la sociedad más vulnerable, como es la atención de la salud y, en particular, el funcionamiento del hospital público, derechos inalienables garantizados por la Constitución.

Un claro ejemplo de una década de abandono sanitario lo muestra el colapsado sistema de salud bonaerense, el mayor de la Argentina por los 79 hospitales públicos destinados a atender a una población creciente y de menores recursos, que demanda enormes inversiones en plantas físicas y funcionales. El déficit sanitario de esa provincia no solo demanda la recuperación de 53 de esos nosocomios en estado crítico -incluso dos de ellos deberán ser demolidos-, sino también construir nuevos edificios y dotarlos de equipamiento moderno, incluyendo un helicóptero sanitario que ahora debe ser alquilado para atender urgencias más apremiantes.

Según la ministra de Salud, Zulma Ortiz, esta reconstrucción demandará la inversión de 18.000 millones de pesos y tardará unos 9 años, en tanto se ha priorizado la cancelación del endeudamiento recibido de la administración de Daniel Scioli. Es así que el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo que pagar una deuda de 2600 millones de pesos que las anteriores autoridades mantenían con 600 proveedores. Esta obligación no prevista dejó poco margen para negociar con los gremios de la salud que demandan una recomposición salarial atendible ya que los sueldos médicos no superan los 15.000 pesos mensuales.

Para la provincia de Buenos Aires esta situación es más compleja porque la nueva política sanitaria no solo prevé recuperar infraestructuras y servicios sino, además, impulsar cambios estructurales para modernizar las prestaciones e introducir dependencias que no existían, como el nuevo Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Provincia tomando la experiencia del modelo porteño, para ponerlo en marcha en 33 municipios del conurbano.

El caso bonaerense es una muestra de un retroceso difícil de superar.