La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo, buscan prolongar la alianza que mantienen con los principales líderes sindicales hasta el final de este mandato, y también lograr que apoyen una nueva candidatura de Néstor Kirchner a la Presidencia. Hasta ahora el único sector gremial que pronunció formalmente su respaldo, fue la Corriente Política Sindical, que lidera Hugo Moyano.
El oficialismo espera que el camionero convoque nuevamente a discutir los próximos pasos, en la CGT, a los grandes gremios, "los Gordos" y a los independientes, caso de la UOCRA, que se alejaron de la conducción cegetista tras la derrota legislativa del kirchnerismo en junio de 2009, en la provincia de Buenos Aires.
La presidenta y su esposo parecen entender el poder, entre otras cosas, como una cuestión de caja. Quien maneja la mayor cantidad de dinero es el que manda, según ese concepto. Quizá por eso han tratado a la poderosa CGT con tanto respeto: las obras sociales sindicales manejan el triple dinero que el Ministerio de Salud. El enorme poder que administran reparte también muchas ganancias y han sido en los últimos tiempos origen de operaciones oscuras, como las relacionadas con los medicamentos truchos. Por eso hay quienes piensan que sólo existen dos alternativas posibles para evitar que la CGT sea un grupo de presión fuerte: que se termine con el sindicato único, tal como quiere la CTA, o que se prohiba la reelección indefinida de las conducciones, como quieren algunos empresarios.
Las obras sociales terminaron recaudando en 2009 unos 15.000 millones de pesos, con un crecimiento respecto de 2008 superior al 30 por ciento. El nivel de recaudación creció porque el gobierno nacional, en medio de la recesión, aumentó la presión impositiva al hacer crecer casi al doble, en sucesivas medidas, el haber máximo sujeto a aportes. Eso transformó en privilegiadas a las obras sociales, que dicen ser de los trabajadores, pero se financian con un impuesto. Los trabajadores no pueden, por ejemplo, negarse a pagar las contribuciones. Son un gravamen. Sin embargo, los gastos no pueden ser auditados por el sector público, porque se dicen entidades privadas. Son públicas para recaudar y privadas para gastar. Se trata de una fórmula segura para hacer poco transparente el sistema.
Es este tipo de manejos oscuros se potencian desde el Poder Ejecutivo, a través del apoyo constante que se le ha brindado a la CGT de Hugo Moyano, para tenerlo como aliado, sin importar demasiado la ética y la claridad en el manejo del dinero de los trabajadores.