No hace mucho tiempo el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Juan Carlos Caballero Vidal, le dijo a este diario que "no me afligen las críticas" respecto de los cuestionamientos por el escandaloso sistema de ingresos al Poder Judicial. En criollo, no le importa. Hace relativamente poco tiempo también, la titular de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pasó papelones en su única visita a San Juan al felicitar públicamente al máximo tribunal sanjuanino por la puesta en funcionamiento de laboratorios forenses. Lo que no sabía la pobre funcionaria era que, en realidad, la Corte tiene guardados esos aparatos desde hace años. Y ahora, sin tanto público como las dos primeras anécdotas pero con un inmenso mayor impacto, la Corte tiene en vilo al Poder Ejecutivo al demorar una decisión sobre "costas por su orden", un asunto que le puede costar millones de pesos al Estado. Con lo descripto anteriormente, parece verdad lo que todo mundo cree: no les importa lo que pasa alrededor de ellos. Dicen que uno se jubila este año o el que viene. Nadie les cree.
"Costas por su orden", como ya se escribió repetidamente en este diario, es parte de una ley que el Ejecutivo impulsó en el año 2005, donde se estipuló que en los juicios donde intervenga el Estado cada parte deberá hacerse cargo de sus abogados y los gastos que surjan. Hubo mucha resistencia del Foro de Abogados en su momento porque opinaron que la norma dejaba en una situación de privilegio al Estado al no estar obligado a pagar los honorarios de la parte demandante. Del otro lado, en el Gobierno, dijeron que de esa forma terminarían con la industria de demandas que, según especularon, armaban abogados con el solo fin de cobrar abultadas sumas por honorarios. Desde la puesta en práctica de esa norma, hay jueces que la han aplicado y otros que declararon su inconstitucionalidad. Desde el año pasado la Corte de Justicia tiene en sus manos varios planteos y debe resolverlos en un fallo plenario. Cuando lo haga, el resto de los jueces deberá aplicar la misma decisión: si el máximo Tribunal decide que es constitucional, todos los magistrados tendrán que dictar sentencia en ese sentido. Y si deciden al revés, también será de aplicación obligatoria para el resto del Poder Judicial. En el Gobierno no quieren decir cuánto es el impacto en plata que puede causar la inconstitucionalidad del artículo de esa ley, pero anticipan que se trata de millones de pesos. Tampoco entienden por qué no definen y elucubran situaciones que van desde la presión política hasta la incompetencia provocada por la edad avanzada de los jueces. Los pocos voceros peronistas que saben del tema dicen que en el Ejecutivo no quieren dar señales de injerencia sobre las decisiones de otro poder del Estado, y por eso nadie ha opinado públicamente del tema, pero no es que no preocupe. Y repiten lo de la jubilación de, al menos, un miembro de la Corte de Justicia como si eso solucionara el grave problema. No sería la primera vez que esos comentarios de pasillos llegan intencionalmente a Casa de Gobierno y por eso los hombres del PJ están un poco escépticos. Lo cierto es que el tiempo sigue pasando y los cortistas siguen acumulando años de poder y de vida. Tampoco es intención de esta columna supeditar la competencia de una persona a la edad, pero es probable, sólo probable, que un juez más joven e igual de capacitado pueda realizar más tareas que otro entrado en años y con conocimientos adquiridos hace décadas. Pasa en varios ámbitos: los ministros del Poder Ejecutivo de la provincia, salvo dos, superan los sesenta años largamente. El caso de José Luis Gioja, que tiene 64 años, es distinto porque al Gobernador lo legitima el voto, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los jueces no. Lo mismo pasa en el sindicalismo, por dar más ejemplos.
En definitiva, en el caso de la Corte de Justicia las cosas no funcionan y eso merecería una autocrítica. La Justicia sigue siendo muy lenta y no han logrado demostrar idoneidad, ni siquiera a la hora de contratar gente, sólo por citar dos ejemplos. Es probable que la edad sea un condicionante como puede pasar en cualquier otra actividad, lo que pasa en el caso de la Corte es que no sólo no analizan que es momento de irse, sino que deben pensar que están cumpliendo con sus obligaciones, cuestión que al menos en el caso que se detalla en esta columna, no ocurre. En el Gobierno están preocupados porque saben que tarde o temprano la falta de Justicia les pegará también a ellos, pero no elaboran, al menos visiblemente, ningún plan de acción al respecto. Es decir, el barco de la Justicia sigue a la deriva.