El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la situación de la Justicia con expresiones que se insertan en un contexto en el que el oficialismo parece haber redoblado la presión sobre el Poder Judicial incluso con proyectos que son contrarios a la Constitución nacional.
Al inaugurar la Asamblea de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, Lorenzetti afirmó que "los jueces tienen que ser muy activos en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Tenemos que tener un poder del Estado que tenga una relación sólida con la sociedad. De lo contrario, ese poder siempre será débil". Pero para el Gobierno, toda acción de presión pareciera ser válida cuando se trata de marcarle límites al Poder Judicial. El diputado Carlos Kunkel (FpV) hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura para que los jueces mayores de 75 años se retiren, en clara alusión al juez Carlos Fayt.
Por otra parte, y aunque difícilmente prospere, el proyecto del diputado oficialista Alejandro Rossi para reformar el Consejo de la Magistratura, sigue despertando fuerte resistencia en la oposición y en el Poder Judicial. El disparador de esa polémica es el artículo 10 de la iniciativa, que establece una evaluación de idoneidad de los magistrados cada cuatro años desde el momento de su asunción y que puede derivar en su remoción. Pero la Constitución Nacional, en el artículo 110 establece que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta.
Tomar examen a los jueces cada cuatro años no tiene sentido ni es constitucional, porque una sentencia, cuando es incorrecta puede ser apelada y los jueces, cuando se equivocan reiteradamente, pueden ser removidos por mal desempeño. Además, es inconstitucional establecer exámenes cada cuatro años, porque viola la estabilidad. Mientras que la tradición monárquica tiende a depositar en el Poder Ejecutivo la suma del poder público, nuestra Carta Magna ha establecido con sabiduría tres poderes para que se controlen, limiten y ajusten de forma recíproca.
Desde el filósofo británico John Locke (1632-1704), quien se anticipó a Montesquieu en cuanto a la división de poderes del Estado, es irrefutable que todos los que gobiernan son seres humanos, y en consecuencia son imperfectos. De ahí la necesidad de poner resguardos ante errores y potenciales vicios.