La Cámara de Diputados de la Nación avanzó decididamente a democratizar la administración de justicia con un dictamen para modificar la estructura del Consejo de la Magistratura, eliminando el poder de veto del oficialismo y consecuentemente dar mayor independencia a los jueces.
La iniciativa consensuada por la oposición, mediante concesiones de varios legisladores para acercar posiciones, apunta a una mejora institucional de la Justicia, tanto por sacarle el poder de veto al oficialismo en la designación y remoción de magistrados, como por una serie de mejoras operativas para agilizar su cometido. Es también el proyecto más coherente y mejor concebido por los representantes de la oposición, desde que es mayoría en la Cámara baja, al acordarse en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento, tras intensas negociaciones.
Es probable que el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de los procesos de selección y acusación de magistrados, obtenga media sanción en los próximos días, en virtud de la mayoría opositora en Diputados, aunque se duda que tenga igual suerte en el Senado, donde la paridad de fuerzas y las presiones kirchneristas para no arriar sus banderas, son determinantes.
De aprobarse la reforma, el Consejo pasaría a tener 18 integrantes -actualmente 13- y volvería el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también presidiría el cuerpo, compuesto por tres jueces, seis legisladores; cuatro abogados, tres catedráticos y un representante del Poder Ejecutivo. Se estaca, además, la agilización del proceso de selección de magistrados y la creación de un comité consultivo honorario, integrado por representantes gremiales y de organizaciones de la sociedad civil, que se encargará de monitorear el trabajo de Consejo. También una mecánica para evitar que los juzgados queden acéfalos varios años, ya que se prevé realizar los concursos por anticipado, de manera que cuando se produzca una vacante ya estén tomados los exámenes y el orden de mérito de los postulantes. En cuanto a las investigaciones contra los jueces, no podrán durar más de un año, para impedir que se mantengan abiertas como una una forma de presión o amenaza.
Será de significativa trascendencia que los senadores observen la importancia de reencauzar al Consejo para que pueda desarrollar la función que le asignaron los constituyentes de 1994, perdida por la gran politización que le quitó al Poder Judicial su independencia republicana.